Se trata de Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud. Fue denunciado por la Confederación Farmacéutica Argentina.

El caso del funcionario del Ministerio de Salud procesado por la justicia por beneficiar a Farmacity, fundada por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, volvió a disparar las denuncias de los farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires que advierten sobre un lobby de la Casa Rosada para autorizar el desembarco de la cadena en territorio bonaerense que, en verdad, está a la espera de un fallo favorable de la Corte Suprema.

Este lunes se conoció la resolución del juez federal Sebastián Ramos en el que procesó a Raúl Luis Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud por abuso de autoridad por haber archivado tres expedientes administrativos en los que la compañía había sido sancionada. El funcionario había asumido en la cartera el 21 de febrero de 2017 y dejó el cargo el 21 de noviembre de ese mismo año tras la salida del entonces ministro Jorge Lemus.

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Pero la causa se remonta a los tiempos de la administración kirchnerista: Farmacity había sido multada en 2014 tras una inspección en su local de la avenida Córdoba al 1800 porque se reemplazó a un farmacéutico “sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional” y por utilizar “un libro recetario sin rúbrica o habilitación”. De acuerdo con la investigación, el expediente estaba para su aprobación y el 5 de abril de 2017 se presentó un enviado de la empresa con un poder firmado en 2011 por Quintana y solicitó que se levante la sanción. Luego Ramos pasó a “reserva” los expedientes sin resolverlos y por ello fue denunciado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

Para Néstor Caprov, titular del Colegio de Farmacéuticos de Lanús y asesor del colegio provincial, “el fallo viene por un incumplimiento de la ley de farmacia nacional desde la etapa kirchnerista. Esto ha continuado y este funcionario fue procesado por no avanzar en las sanciones que incluían una multa y la clausura”.

Empero, el mayor temor de los farmacéuticos bonaerenses reviste en que finalmente la Corte Suprema permita a la cadena de farmacias cruzar la General Paz. Hace unas semanas el Procurador adjunto Eduardo Casal -el reemplazante interino de Alejandra Gils Carbó- , dictaminó que uno de los artículos de la ley de Farmacias que rige en la Provincia desde los años 80 es “inconstitucional”, lo que, en los hechos, representa un pronunciamiento afín a la firma. Por lo bajo, las cámaras farmacéuticas afirman que el lobby desde lo más alto del gobierno se hizo sentir para lograr ese fallo.

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“Se contradijeron todos los fallos de la justicia de la Provincia: desde el juez de primera instancia a la Corte Suprema provincial que votó en forma unánime el rechazo a la empresa”, recordó Caprov que también tildó de “extraño” que luego la Corte liderada por Ricardo Lorenzetti aceptara el recurso de queja interpuesto por la defensa de Farmacity dado que el máximo tribunal no suele interceder ante diferendos corporativos.

Mientras tanto, Quintana reconoció que aún tiene una mínima participación en la firma del grupo Pegasus que está por desprenderse. “Estoy en proceso de venta de mi participación de todos los negocios que tenía antes, ya salí de casi todos, y espero antes de fin de año haber salido de Farmacity, como para dejar atrás una vida y evitar cualquier espacio de eventual conflicto de interés”, declaró hace unos días al programa Odisea Argentina.

Pero si la Corte Suprema resolviera en los próximos meses en el mismo sentido que el Procurador, Farmacity podría comenzar a operar en tierra bonaerense con lo que se multiplicaría el valor de la compañía en momentos en que Quintana busca vender las acciones que aún están en su porfolio de inversión.

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“Mario no participa ni tiene ninguna injerencia en temas de Farmacity ni en temas de medicamentos, salud o temas de ese sector. Ni opina sobre esos temas”, contó el lunes un colaborador del vicejefe de Gabinete.

No obstante, Caprov no duda “que la Corte tomó este caso por el lobby político de una de 3 espadas más importantes del Ejecutivo. Acá el problema no es jurídico: es político. Sino como puede ser que el estado provincial, a través del ministerio de Salud o de su gobernadora, no reaccione ante la vulneración de una ley provincial”.

El dirigente dijo que “la Provincia es preexistente a la Nación y la ley tiene otro espíritu. Aquí se da otra envergadura a la farmacia como dispensario de un producto estratégico para la salud y no una mercancía como rige en la normativa chilena o norteamericana”.

Por último, Caprov dijo que “la ley actual no le prohíbe operar a Farmacity sino que lo hace en su forma actual, como sociedad anónima sin adaptarse a las regulaciones” existentes.

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La resistencia de los “boticarios de la provincia de Buenos Aires”, como los llamaba el mexicano Víctor González Torres hace 15 años, hizo naufragar las “Farmacias del Doctor Simi” en Argentina que, por ese impedimento, cerró en 2008 sus 40 locales y abandonó el país. El magnate mexicano rechazaba la normativa bonaerense que, entre otras regulaciones, prohíbe la apertura de una farmacia nueva a menos de 300 metros de otra que esté en funcionamiento. “Antes era el lobby económico. Ahora es más difícil con el lobby político”, azuzan en el Colegio Farmacéutico provincial.

Con todo, el temor real es que el ingreso de Farmacity a un mercado de 20 millones de personas haga peligrar la continuidad de las farmacias de barrio por la escala con la que trabaja.

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