Proyecto de ley para regular las cautelares tiene dictamen

La iniciativa, que será debatida en el recinto el próximo jueves, fue aprobada sin la presencia de los bloques de la oposición, con excepción del senador Samuel Cabanichik (ProBaFe) y de la senadora del peronismo federal por Salta, Sonia Escudero.

Durante el debate, el jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, rechazó las críticas de sectores de la oposición respecto a la reforma judicial que impulsa el gobierno, al señalar que lo que se busca "lograr un equilibrio para lograr que el Estado sea escuchado".
 
"Algunos dicen que vamos por todo cuando en realidad lo que estamos haciendo es un procedimienro prudencial sobre cómo deben desarrollarse este tipo de medidas que han tenido una proliferación enorme en la última década en la Argentina", declaró Pichetto al fundamentar en el Senado el proyecto que regula las medidas cautelares.

El legislador del Frente para la Victoria evaluó que la iniciativa "plantea el legítimo derecho del Estado de ser escuchado" y advirtió que "no es lo mismo la relación ciudadano-Estado que la relación sectores económicos poderosos con el Estado".

"En esta última relación, el Estado es la parte más débil porque los servicios jurídicos del Estado son bastante endebles", explicó, y añadió que "las estructuras del Eestado en general son lentas y burocráticas".

Pichetto afirmó que lo que busca el proyecto de regulación de cautelares es lograr "un equilibrio para que el Estado sea escuchado", en alusión al plazo de respuesta de cinco días que el Estado tiene para responder ante la presentación de una medida cautelar.

Punto final para el negocio de las cautelares

El ministro de Justicia, Julio Alak, declaró que "hay que terminar con el negocio de las cautelares" al exponer en el Senado sobre el proyecto de ley que regula esas medidas.

Al exponer esta mañana ante un nuevo plenario de comisiones del Senado, al que tampoco asistió la oposición al igual que en la audiencia de ayer, Alak consideró que las críticas están vinculadas a que "algunos quieren tener un Estado indefenso pero no ante el individuo si no ante las corporaciones".

Para el ministro, la presentación de la cautelares "se ha convertido en un negocio de las corporaciones y en un negocio de la inmoralidad".

"Los grupos económicos están intentando impedir la sanción de esta norma que regula las cautelares", declaró, y aseguró que "es un logro" de estos sectores que "no exista procedimiento como existe en Europa como la sanción de un Código en lo Contencioso Administrativo".

El ministro dijo que le resultaba "sorprendente" que algunos sectores de la oposición rechacen el proyecto, y advirtió que la Nación está "atrasada" respecto a otras provincias y a otros países que tienen normas similares respecto a las cautelares.

Según el funcionario, el proyecto oficial "no tiene como objetivo disminuir las posibilidades y derechos de los litigantes sino lograr equilibrio entre derecho de litigante y el legítimo derecho de defensa del Estado argentino".

Alak también desmitió que la iniciativa afecte derechos de los jubilados en los juicios contra el Estado, y consideró que las demoras en las demandas "se deben a diferentes interpretaciones sobre una misma norma".

El secretario de Justicia, Julián Alvarez, justificó por su parte la regulación de las cautelares al señalar que "se trata de una iniciativa amplia que le pone luz a los mecanismos opacos pero que no cercena los derechos esenciales de los ciudadanos".

Alvarez opinó que la cautelar contra el Estado presentada por el grupo Clarín en el marco de la ley de medios "limitó la voluntad popular para democratizar los medios de comunicacion, y no la limito un año, si no, varios".

El funcionario citó fallos de la Corte Suprema de Justicia que sostienen que una cautelar "no puede durar eternamente, si no que tiene que tener un plazo razonable".

Consideró que se trata de una norma "que no tiene agujeros porque intercepta lo más moderno del derecho argentino" y mencionó que países como España o México poseen medidas similares.

Para Alvarez, "las cautelares contra una ley del Congreso implican la suspensión de un interés social".

Por su parte, el jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, evaluó que la iniciativa "plantea el legítimo derecho del Estado de ser escuchado" y advirtió que "no es lo mismo la relación ciudadano-Estado que la relación sectores económicos poderosos con el Estado".

"En esta última relación, el Estado es la parte más débil porque los servicios jurídicos del Estado son bastante endebles", explicó, y añadió que "las estructuras del Eestado en general son lentas y burocráticas".

Pichetto afirmó que lo que busca el proyecto de regulación de cautelares es lograr "un equilibrio para que el Estado sea escuchado", en alusión al plazo de respuesta de cinco días que el Estado tiene para responder ante la presentación de una medida cautelar.