Qué es el "lawfare", el concepto al que se refiere Cristina

La expresión "lawfare" se suele acuñar para señalar que el Poder Judicial es utilizado como un actor partidario, para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos.

Este neologismo aparece por primera vez en un artículo de 1975, escrito por los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans, titulado “Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity”.

Ambos consideraron que la búsqueda de la verdad había sido sustituida por una especie de “guerra” llevada adelante en los tribunales.

El primer estudio político sobre el término fue realizado por Charles J. Dunlap Jr., en un ensayo del año 2001 para el Harvard’s Carr Center. En ese trabajo, Dunlap definió el "lawfare" como "el uso de la ley como un arma de guerra".

El concepto se asocia con la más conocida teoría del 'golpe blando', que busca los efectos del clásico golpe de Estado pero sin que se produzca un derrocamiento expreso del poder vigente.

Una de las características del lawfare es el posicionamiento mediático del caso en cuestión, este suele ser genuino por el criterio de noticiabilidad o magnitificado a propósito, por intereses de un actor que busca ataques mediáticos, callejeros y/o la desestabilización de la figura acusada.

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Hay algunos elementos que permiten distinguir el lawfare en un proceso judicial

• Desvío de poder de la función judicial: sucede cuando un funcionario actúa en el ámbito de su competencia aparente, pero con una finalidad distinta a la querida por la ley. Hay lawfare cuando un juez o fiscal no está abocado a verificar si hubo delito y a aplicar sanciones legales consecuentes, sino cuando la ley le importa sólo en la medida en que le permita llegar a otro objetivo distinto, y si no se lo permite, la ignorará o la distorsionará para salvar el escollo.

• Acuerdos entre sectores políticos, grupos de presión y funcionarios judiciales: hay lawfare cuando hay convergencia entre miembros del Poder Judicial y miembros externos al mismo. Esto debe estar anclado en la identificación de un desvío de poder.

• Incidencia y magnitud relevante: para hablar de lawfare se requiere una dimensión de magnitud, incidencia en la agenda de prioridades, que altera las condiciones de gobernabilidad o electorabilidad.

• Fines extrajurídicos: las causas suelen ser direccionadas contra un gobierno, partido o figura política. Puede ser empleado para generar costos de reputación importantes y efectos tangibles como condenas, la reversión de políticas puntuales, o impedimentos de actuación o participación.

En lo últimos años en América Latina el término se ha utilizado varias veces en causas relacionadas a la corrupción, como pudo ser en Brasil con Lula Da Silva y en Bolivia con Evo Morales.