Luego de su descargo, la vicepresidenta volvió a cargar contra los fiscales Luciani y Mola, quienes pidieron contra ella una pena de 12 años de cárcel.

Cristina Kirchner volvió a criticar este miércoles a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, tras su duro descargo desde el Congreso sobre la causa Vialidad a la que es juzgada, y los mandó a los dos a estudiar la Constitución Nacional y Derecho Administrativo para fundamentar las acusaciones.

Además, al igual que ayer, Cristina cargó también contra una publicación del diario Clarín sobre las pruebas que expusieron los fiscales durante la etapa de los alegatos del juicio oral.

"Tres toneladas de pruebas: Clarín y los fiscales Luciani y Mola deben dejar de mirar Netflix. Agarren la Constitución, los libros de derecho administrativo y el código penal y procesal, que no muerden", posteó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

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Cristina dio el martes un descargo desde el Congreso Nacional luego de que el Tribunal le rechazara la posibilidad de ampliar la indagatoria. En su exposición por YouTube, la vicepresidenta negó las acusaciones y aseguró que nada de lo que se la acusa pudo ser probado.

ADEMÁS: ¿De qué acusan a Cristina Kirchner en la causa vialidad?

Mientras la vicepresidenta emitiía su discurso, manifestantes coparon la vereda y la calle sobre la Avenida Rivadavia al 1800 frente al Senado. Luego ella se asomó al balcón y los saludó a la distancia, agradeciéndole el cariño y apoyo.

En su alegato final, el lunes, el fiscal Luciani afirmó: "Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país".

Asimismo, pidió que se condene a a Cristina Kirchner a 12 años de prisión, al igual que al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.

Además, solicitó que la vicepresidenta y el resto de los exfuncionarios imputados en la causa por la obra pública en Santa Cruz sean inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

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