Reforma laboral: el Gobierno se planta y no acepta cambios por licencias médicas

En Balcarce 50 aseguran que la prioridad es acelerar el trámite en la Cámara de Diputados para evitar que el texto regrese a la Cámara alta y garantizar su sanción antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

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Fuentes oficiales remarcan que el objetivo político es que la ley pueda promulgarse antes del 1 de marzo. Con ese horizonte, la mesa política del Ejecutivo trabaja en la convocatoria a un plenario de comisiones esta misma semana, en un intento por ordenar el cronograma legislativo y blindar los votos necesarios para el tratamiento en el recinto.

El artículo de las licencias médicas

La controversia se concentra en el artículo incorporado durante el debate en el Senado, que redefine las condiciones de las licencias pagas ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.

El punto cobró especial visibilidad tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ejemplificó su alcance al referirse a lesiones derivadas de actividades voluntarias, como jugar al fútbol.

En el oficialismo reconocen que esas expresiones amplificaron la discusión pública y generaron tensiones internas. Incluso, en algunos despachos admiten en voz baja que el artículo provocó incomodidades y que “nadie se hizo plenamente cargo” de la redacción final. Sin embargo, la postura fue unificada: no habrá cambios.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma no elimina el derecho a la cobertura por enfermedad, sino que introduce nuevos criterios. “La normativa actual permitió abusos en la utilización de licencias”, argumentan, al tiempo que defienden la necesidad de fijar límites temporales y porcentajes diferenciados para garantizar la sustentabilidad del sistema.

El texto aprobado establece que el trabajador percibirá el 50% de su salario cuando la enfermedad o el accidente derive de una actividad voluntaria y consciente que implicaba riesgo, y el 75% en los demás casos. En ambos supuestos, se fija un tope de hasta tres meses de licencia paga para quienes no tengan cargas de familia y de hasta seis meses para quienes sí las posean.

La modificación elimina así el pago del 100% del salario durante licencias prolongadas y la extensión de hasta 12 meses prevista en el régimen vigente para empleados con mayor antigüedad. Además, introduce nuevos requisitos formales, como la obligación de presentar certificados médicos firmados digitalmente por profesionales habilitados.

Controles médicos propios

La norma también habilita a los empleadores a disponer controles médicos propios y prevé la intervención de juntas médicas o dictámenes de organismos oficiales en situaciones específicas. Este rediseño es el que encendió alertas en sectores de la oposición y en bloques aliados, donde algunos legisladores evalúan impulsar correcciones durante el debate en Diputados.

Dirigentes parlamentarios advierten que la reducción de porcentajes salariales podría impactar en casos de enfermedades graves y anticipan que el artículo podría derivar en una mayor judicialización. No obstante, el Gobierno insiste en que el texto no será reabierto, en línea con la estrategia de evitar demoras legislativas.

Paro de la CGT

En paralelo, la reacción sindical añade presión al escenario político. La Confederación General del Trabajo (CGT) anticipó que analiza la convocatoria a un paro general de 24 horas para el día en que la Cámara baja trate la reforma. El cosecretario Cristian Jerónimo afirmó que “están dadas las condiciones” para avanzar con la medida de fuerza.

El dirigente calificó la iniciativa como “regresiva” y sostuvo que el descontento entre los trabajadores creció en las últimas semanas. “Los compañeros empezaron a entender el impacto real que va a tener esta ley en su vida cotidiana”, señaló en declaraciones radiales, al advertir que distintos gremios ya manifestaron su respaldo a una huelga nacional.

La conducción cegetista prevé una reunión clave para definir la estrategia, en medio de un clima de creciente tensión entre la central obrera y el Ejecutivo. Mientras el oficialismo acelera para convertir la reforma en ley, el frente sindical se prepara para una nueva pulseada que promete trasladar la discusión del Congreso a la calle.