El presidente de la UIA respaldó los cambios impulsados por el Gobierno, advirtió por el freno de la actividad industrial y reclamó avanzar en una modernización integral que incluya costos, impuestos y crédito para recuperar competitividad.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, defendió la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional al asegurar que “apunta a generar empleo y a reducir la litigiosidad”, dos problemas estructurales que, según advirtió, condicionan desde hace años el desarrollo productivo del país.

En ese marco, expresó una fuerte preocupación por el freno de la actividad industrial y por la pérdida de competitividad en un año que definió como “de transición”.

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Rappallini analizó la propuesta de cambios en la legislación laboral, la coyuntura económica y las perspectivas de inflación y tipo de cambio para el próximo año. En ese sentido, remarccó la urgencia de avanzar en una modernización del marco regulatorio y en políticas que permitan reactivar la producción. “Hace más de 15 años que en la Argentina no se genera empleo registrado. Eso muestra la profundidad del problema”, señaló al ser entrevistado por Alejandra Gallo en Radio Rivadavia.

Los proyectos de la UIA y el Grupo de los Seis

El dirigente industrial explicó que la UIA, junto con el denominado Grupo de los Seis -integrado también por la Cámara Argentina de Comercio, CAME, la Bolsa de Comercio, ADEBA y la Sociedad Rural- trabajó durante los últimos cuatro meses en la elaboración de proyectos orientados a mejorar la empleabilidad y a reducir “fuertemente la litigiosidad”, una de las principales preocupaciones del sector empresario.

Si bien evitó pronunciarse directamente sobre las críticas de la Confederación General del Trabajo (CGT) a declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, Rappallini insistió en que la reforma laboral busca modificar el funcionamiento de los incentivos actuales. “Hoy los incentivos están puestos para los juicios o para no alentar la productividad de las empresas”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó la regulación de las vacaciones fraccionadas, una práctica habitual entre empleadores y trabajadores que hasta ahora no estaba debidamente contemplada por la ley.

La litigiosidad laboral, reconoció, es una “preocupación constante” para la industria. En ese punto, mencionó juicios millonarios que alcanzan montos de entre 300, 500 y hasta 1.000 millones de pesos, impulsados por la aplicación de multas y el anatocismo. Para el titular de la UIA, modificar ese escenario es clave para avanzar hacia un “criterio de empleabilidad” más sostenible, y destacó el aporte obligatorio del 3% destinado a un fondo de cese de indemnizaciones como una herramienta para dar previsibilidad.

Preocupación por la actividad industrial

En cuanto al panorama de la actividad industrial, Rappallini manifestó una “preocupación muy fuerte”. Describió una primera parte de 2025 con una recuperación heterogénea, que se vio abruptamente frenada desde julio por la suba de tasas de interés. “El impacto fue mucho más duro en los sectores que venían menos recuperados”, afirmó, y alertó que ya se observan cierres de empresas y expedientes preventivos de crisis. En ese contexto, reclamó medidas que permitan reactivar la economía.

Como integrante del Consejo de Mayo, Rappallini coincidió en que la Argentina atraviesa un proceso de “normalización de la economía”, con el desafío de pasar de un modelo inflacionario impulsado por el Estado a otro basado en la inversión y el crédito. Sin embargo, advirtió que la transición es “muy compleja” y que el nuevo motor económico aún no se refleja con claridad en mayores niveles de inversión.

La competitividad fue otro de los ejes centrales de su análisis. Si bien se mostró a favor de la integración económica, señaló que la industria local enfrenta una presión fiscal “récord”, tasas de crédito elevadas y una legislación laboral que recién ahora comienza a modificarse. “El costo argentino tiene entre un 50% y un 60% de impuestos en casi todos los productos”, afirmó, y consideró que una reforma tributaria será “verdaderamente muy complicada”, pero inevitable.

No se puede solo importar para bajar precios

En ese sentido, advirtió que abrir la economía sin corregir esos desequilibrios sería un “atajo” peligroso. “No se puede pretender bajar precios solo importando productos sin impuestos. Primero hay que darle al productor nacional las condiciones para que pueda competir”, sostuvo, y remarcó que el sector industrial debe ser protagonista de la nueva etapa.

De cara a 2026, Rappallini calificó al año en curso como “de transición” y se mostró moderadamente optimista respecto de una continuidad en la baja de la inflación, siempre que se logre reactivar la economía. Recordó que en los años noventa la estabilización estuvo acompañada por un crecimiento del 7% al 10%, lo que hizo ese proceso “menos duro”.

Por último, relativizó el debate sobre el nivel del tipo de cambio y afirmó que un dólar a 1.500 pesos “no es el centro de la discusión”. “La clave está en los costos internos, en seguir con las reformas y en reactivar la economía”, concluyó.

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