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El oficialismo de la Cámara de Diputados fracasó en su intento de completar la media sanción al proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria. El desenlace se postergó hasta el miércoles que viene.
El oficialismo de la Cámara de Diputados fracasó ayer en su intento de completar la media sanción al proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, ya que luego de aprobar en general la iniciativa, prevalecieron los desacuerdos en el tratamiento en particular del articulado, con lo cual se definió el pase a cuarto intermedio y la postergación del desenlace, al menos, hasta el miércoles de la semana que viene.
En una sesión especial plagada de confusiones y que al principio estuvo a punto de caerse (Cambiemos consiguió un quórum ajustadísimo), el oficialismo también desaprovechó la posibilidad de avanzar en la aprobación de la ley de excarcelaciones, que era el tema que continuaba en el orden del día.
La diputada Elisa Carrió, advertida sobre el abismo que separaba al bloque oficialista de poder cumplir con su cometido, fue quien propuso el recurso del pase a cuarto intermedio.
La discusión no sólo naufragó por el rechazo rotundo de la oposición al artículo 37, que hubiera permitido que el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria se aplicara retroactivamente al caso Odebrecht para propiciar la “colaboración eficaz” de la empresa brasileña en el caso de las coimas que admitió haber pagado en la Argentina.
También fue rechazado en la votación en particular el artículo 1, que aborda la tipificación de los delitos, con 88 votos negativos y 86 positivos.
Además, el Frente Renovador está decidido a no dejar pasar el artículo 5, que exime a las empresas involucradas de pasibles sanciones penales.
El Frente para la Victoria, que casi logra su propósito de hacer caer la sesión al no sentar a sus diputados en las bancas, luego votó en contra de la ley en general.
En cambio, la bancada massista acompañó el general, pero luego se mantuvo férreo en el tratamiento particular del articulado, y terminó la velada con un sabor dulce de victoria.
La iniciativa de Cambiemos busca llenar el vacío legal que existe para la sanción de las personas jurídicas (empresas) que cometan delitos contra la administración pública, lo que permitiría avanzar penalmente sobre los funcionarios públicos que, por ejemplo, cobren coimas.
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El proyecto del oficialismo estipula que las empresas podrán ser sancionadas con una multa que oscilará entre el 0,5 por ciento al 20 por ciento de “los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito”.
Durante el debate, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, cuestionó el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, y aseguró que es una “tapadera” para eximir de sanción de empresas que pagaron coimas como Odebrecht.
“No queremos leyes que vengan con tapaderas de empresas, que hoy son un escándalo internacional. Tampoco queremos oficiar de tapadera de algunos funcionarios sospechados en los 35 millones de dólares que aparentemente han recibido en Argentina”, asestó.
Camaño acusó al Gobierno de carecer de “vocación” para acordar un proyecto “como la gente”, y anticipó que en esas condiciones la iniciativa “está condenada a morir en el Senado”.