Es el testimonio de un oficial guía de perros de la policía provincial de Río Negro, que denunció que en un allanamiento cuatro días después de la desaparición de Maldonado también se halló un fusil FAL sin detonar.

E n el gobierno descartaron avanzar en la investigación sobre el testimonio de un oficial guía de perros de la policía provincial de Río Negro que denunció ante la justicia que durante un allanamiento realizado en el predio Cushamen, cuatro días después de la desaparición de Santiago Maldonado, halló cartuchos 9 milímetros y de fusil FAL sin detonar y que el juez de la causa, Guido Otranto, se negó a relevar.

La denuncia del agente de la fuerza provincial ahora es investigada por la justicia federal de Viedma: los hechos que relata habrían sucedido durante el rastrillaje ordenado por Otranto del 5 de agosto y que siguiendo el rastro de los canes encontró esos cartuchos cerca de un puesto de seguridad mapuche y que, previa consulta con el juzgado, desistió de levantarlos porque le dijeron que el objetivo del operativo no era detectar munición sino rastros oloríficos del artesano desaparecido.

Desde el comienzo los familiares aseguran que al joven de 28 años se lo llevó Gendarmería Nacional durante el operativo realizado el 1 de agosto. Incluso los mapuches habían denunciado que los gendarmes dispararon sus 9mm al principio del procedimiento sobre el Pu Lof. Nunca se habían hallado vainas servidas y hasta ahora esa línea de investigación no fue seguida por el tribunal del caso.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto, le bajaron el tono a la denuncia del rastreador. ‘Es raro lo que dice. Había mucha gente en el lugar cuando se hizo el operativo. No nos cierra la descripción que hizo’, contó una alta fuente consultada.

Lo cierto es que aún el juzgado de Esquel no ordenó nuevas diligencias a consecuencia de las pericias telefónicas a los celulares de los gendarmes y de los careos entre los uniformados que se ‘acercaron al río’ a perseguir a los manifestantes aquella mañana.

‘No hay ninguna pista nueva que surja de los careos’, contó la fuente consultada que, de todos modos, no descartó avanzar en alguna medida disciplinaria contra los gendarmes que desalojaron la ruta 40 si el juez Otranto los vinculara penalmente con el caso.

Mientras tanto, el gobierno avanza en medidas de control interno de las fuerzas federales que decantan a raíz de la desaparición de Maldonado y ante la sospecha de un ‘pacto de silencio’ entre los gendarmes implicados.

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Ayer se publicó un decreto que dispone que el Ministerio de Seguridad asuma la competencia directa en el Sistema de Control Interno de la Policía Federal -antes había un auditor interno- con el objeto de equiparar los mecanismos de control con respecto a todas las fuerzas de seguridad federales. La medida contempla que la Unidad de Auditoría Interna de la cartera adquiera las facultades para intervenir en la planificación, programación y ejecución de las tareas de auditoría relativas a la citada fuerza policial, tal como sucede con la Gendarmería Nacional, Prefectura y la PSA.

‘La medida responde a la decisión del gobierno de contar con un nuevo modelo para la implementación de los mecanismos de control’, aduce le normativa.

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