La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó este martes a favor de confirmar la sentencia que suspendió los aumentos en las tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires. Si bien el fallo no es vinculante, fija un antecedente más en contra de la política del Gobierno Nacional en materia de energía.
La funcionaria consideró que la falta de audiencia pública restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores.
El dictamen hizo hincapié en el carácter "provisorio" de la medida, cuyo plazo se limita a tres meses desde el otorgamiento, y en las presentaciones realizadas por otros actores en la causa y en distintos expedientes referidos al mismo tema.
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Además, sostuvo que el tarifazo, tal como lo implementó el Gobierno, compromete "el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales".
Más allá de la decisión de la Procuradora, la palabra final la tendrá la Corte Suprema. El máximo tribunal se reunirá hoy y definirá si avala o desestima las cautelares que elevaron el conflicto. En principio, los ministros le darán respiro al Gobierno Nacional y suspenderán las cautelares. De concretarse, tal como trascendió, el Ejecutivo tendrá margen para realizar otra propuesta.
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