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La decisión se conocerá el próximo lunes en Nueva York. Un día después, se llevará a cabo una audiencia entre los abogados que representan al país y los fondos beneficiarios del fallo por la nacionalización de la petrolera.
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, definirá el próximo lunes si otorga a la Argentina la suspensión de la entrega de las acciones de YPF para pagar la sentencia por U$S16.000 millones por la nacionalización de la petrolera en 2012. Así lo comunicó por escrito a los abogados que representan al país y los fondos beneficiarios del fallo.
Esta novedad se conoció luego de un cierre de semana con novedades importantes en la causa. Por un lado, la Argentina se adelantó a la definición de la jueza de primera instancia y apeló la orden de entregar acciones ante un tribunal superior de Nueva York. Y por el otro, Preska convocó a las partes una audiencia para el próximo martes.
"Si suspende la entrega de las acciones, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela", explicó Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en cobertura de los juicios contra el país en el exterior.
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El encuentro previsto para el martes apuntará a destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el “alter ego” de YPF, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central (BCRA). Los fondos beneficiarios del fallo intentan embargar activos de esas entidades, bajo el argumento de que “son lo mismo que la República”.
Para el gobierno de Javier Milei, la orden de Preska viola la ley de expropiación de YPF y, junto con ese argumento, sostuvo que cualquier traspaso de la participación estatal requiere aprobación del Congreso con una mayoría de dos tercios. También advirtió que el país sufrirá un “daño irreparable a su soberanía” si no se suspende la orden de entrega mientras se resuelve la apelación.
En septiembre de 2023, vale recordar, Preska condenó a la Argentina a pagar U$S16.000 millones por la nacionalización de YPF realizada en 2012, una cifra que ahora asciende a U$s17.750 millones, si se suman los intereses. Esta sentencia benefició a los fondos Burford y Eton Park, que compraron los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, a cargo del 25% de YPF en aquel entonces.
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Desde el momento del fallo, la Argentina apeló la sentencia. Por la demora en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión. Y el 30 de junio pasado, Preska condenó al país a que entregue el 51% de las acciones de YPF, como parte de pago de la sentencia.
En la argumentación del dictamen, la jueza estadounidense sostuvo que “las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida”, indicando que “las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York”.
En este sentido, se amparó en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, sobre la que aseguró que “la propiedad de un estado extranjero utilizada para una actividad comercial en los Estados Unidos no será inmune a la ejecución si la propiedad es o fue utilizada para la actividad comercial en la que se basa la reclamación”.