Desconcierto en La Plata por un nuevo "código urbano"

En principio, el proyecto de Ordenanza del POT que impulsa el intendente de La Plata, Julio Alak, sorprendió a todos los actores privados que se relación con el desarrollo inmobiliario y, generó una rápida reacción de los mismos.

No obstante, desde el Departamento Ejecutivo municipal "no descansan y corren por los techos", porque pretenden sancionar la nueva norma antes del recambio legislativo que opera el próximo 10 de diciembre, ya que una vez producido el recambio la relación de fuerzas políticas no serían favorables.

Así, bajo una retórica de "equidad urbana" y "sustentabilidad", una seria amenaza para el desarrollo económico, la seguridad jurídica y la propiedad privada en la ciudad de La Plata, avanza la intención de una modificación sustancial para la construcción en la ciudad de las diagonales.

Desarrolladores indican que desde "una perspectiva técnica, económica y jurídica", el plan que promueve Alak introduce "restricciones sin precedentes al derecho de edificar, invertir y decidir libremente sobre la propiedad, alterando el funcionamiento natural del mercado inmobiliario y destruyendo el potencial de crecimiento en las zonas de mayor demanda habitacional".

ADEMÁS: Axel Kicillof encabezó actividades en Azul y Saladillo

La propuesta, según reparan, impone límites de altura, densidad y uso "que tornan inviable económicamente la construcción de viviendas o edificios en las zonas centrales de mayor demanda.

Se identifican como las zonas más afectadas por las restricciones las localidades de City Bell, Gonnet, Tolosa, Villa Elisa y, por si todo ello fuera poco, el propio casco urbano o centro de la capital provincial.

Los topes que se introducen en la nueva normativa reducen la rentabilidad de los proyectos, desincentivan la inversión privada y frenan el dinamismo del sector, uno de los principales motores de la economía local.

Según estudios de mercado realizados en los últimos tiempos y datos del propio Censo Nacional, el 70% de los hogares platenses hoy está conformado por una o dos personas.

A contrapelo de estos datos estadísticos el proyecto de nuevo POT fomenta y mantiene un modelo de edificación pensado para familias numerosas, con unidades de gran superficie mínima y prohibición de viviendas compactas o flexibles.

"El resultado es una planificación desfasada del mercado real, que encarece la vivienda y expulsa a los jóvenes y adultos mayores del casco urbano, forzándolos a alquilar o migrar a otros municipios", según detallan los desarrolladores platenses.

Y continúan, señalando que paradójicamente, la norma "promueve la expansión urbana hacia el oeste y el sur del municipio, habilitando loteos económicos en zonas con baja infraestructura y escasa demanda habitacional".

Con ello, se estaría estimulando cierta "dispersión urbana y se multiplican los costos de servicios, transporte y mantenimiento público, mientras se bloquea la densificación racional del centro" de la ciudad.

Desde el punto de vista del cuidado de los recursos públicos, en términos económicos, se trataría de una asignación ineficiente de recursos, que "privilegia la planificación política por sobre la lógica de la demanda y la inversión privada", según concluyeron trabajadores, profesionales y empresarios.

En particular, los platenses involucrados en el negocio inmobiliario y la construcción, repararon en uno de los aspectos "más preocupantes", tal como es la creación del "índice de riesgo hídrico" como condicionante del derecho a construir.

Pues la norma no define "criterios técnicos verificables ni procedimientos transparentes" para establecer dichos "niveles de riesgo", lo que abre la puerta a la "arbitrariedad" administrativa y a la posibilidad "de favores o privilegios urbanísticos".

La Plata se convierte así en el único municipio entre los 135 de la provincia de Buenos Aires que introduce una indeterminación semejante, afectando la seguridad jurídica de propietarios, inversores y profesionales.

Así, sin debate público ni fundamento técnico, el proyecto prohíbe la creación de urbanizaciones cerradas, una tipología que cuenta con alta demanda social y económica y que ha contribuido al desarrollo local, a la generación de empleo e incluso al propio aumento de la recaudación municipal.

Lejos de ordenar el crecimiento de la ciudad, este proyecto de ordenanza de un nuevo POT centraliza el poder de decisión en la administración municipal, sustituye la libertad de los ciudadanos y empresarios por la discrecionalidad burocrática, y reduce la capacidad de la ciudad La Plata para atraer inversión y generar empleo.

Esta decisión refleja una "visión ideológica y punitiva hacia la inversión privada, contraria a los principios de libertad, igualdad ante la ley y autonomía individual garantizados por la Constitución Nacional", según se expresaron los actores afectados directamente por la decisión de Alak.