La Corte resolvió apartar al juez federal de Quilmes, Luis Armella

Según la resolución, firmada por todos los ministros, “frente al contenido y conclusiones de los informes presentados por la Auditoría General de la Nación ante esta Corte -con motivo tanto de la medida instructoria ordenada por resolución del pasado 29 de agosto, como del requerimiento efectuado el 18 de septiembre para la audiencia pública celebrada el primero de noviembre-, el Tribunal debe adoptar con la mayor celeridad las medidas que -por un lado- preserven la confianza de la sociedad en la transparencia de los procedimientos cumplidos ante los poderes del Estado; a la par que, además, permitan llevar a cabo las investigaciones necesarias -por los órganos competentes- con el objeto de juzgar las eventuales responsabilidades de diversa índole que podrían resultar de los informes mencionados, contra todos los presuntos involucrados, en las contrataciones realizadas por Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en cumplimiento del plan integral de saneamiento de la cuenca”.

Asimismo, dispuso que se extraiga copia de dichos informes y que sean remitidos al Consejo de la Magistratura, a fin de que tome intervención a los efectos de examinar la eventual responsabilidad de Armella.

Por otro lado, también resolvió remitir copia a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que, mediante sorteo, se designe al juzgado “que habrá de intervenir en la investigación contra todos los presuntos involucrados por la eventual responsabilidad penal que resultaría de las actuaciones que se acompañan”.

Fuentes judiciales indicaron que el Máximo Tribunal también presentó ante la Cámara Federal porteña una “denuncia penal contra todos los sospechados” por las presuntas irregularidades en la contratación de obras para el saneamiento de la cuenca.

 La Corte también “suspendió el trámite de la causa hasta que se que designe el nuevo juez, lo que estimó ocurriría en 10 o 15 días” y aclaró que podría tratarse de “uno, dos o tres magistrados” los que continúen con la voluminosa causa.

 

El Gobierno Nacional denunció este lunes penalmente a Armella y pidió al Consejo de la Magistratura que impulse su juicio político por "mal desempeño de sus funciones", debido a las irregularidades detectadas en las contrataciones de las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

 

Armella, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, fue designado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2008 como responsable de la ejecución de la sentencia en la causa por daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo, que ordena medidas protectoras en relación a la contaminación de la cuenca.

Además encomendó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del  ambiente y la prevención del daño.

 Sin embargo, según notas publicadas en el diario Página 12, luego ratificadas por un informe de la Auditoría General de la Nación, existirían serias irregularidades, en particular por la obtención de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar.

De hecho, el 29 de agosto último la Corte Suprema ordenó al magistrado que informara detalladamente todo lo relacionado a esas publicaciones, y a la Auditoría General de la Nación que elaborara un informe sobre las contrataciones efectuadas.

El 9 de octubre último la Auditoría ratificó las irregularidades en las contrataciones, reforzando así  la sospecha sobre el desempeño del cuestionado juez.

 

Según la denuncia presentada por el gobierno, el modus operandi de Armella consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas  al propio magistrado.

Los cargos contra Armella son “estafa contra la administración pública”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, con pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua y ante el Consejo por “palmario mal desempeño” en sus funciones que lo llevó a “perder las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo”.