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Anunciaron que iniciarán acciones judiciales para frenar la medida, a la que consideraron como arbitraria y desproporcionada. Aseguraron que cumplen con las prestaciones y no tienen deudas.
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA) denunció la intención del gobierno nacional de cerrar la obra social, a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, en la que advirtió sobre una resolución de la Superintendencia de Salud que pone en riesgo su continuidad, al tiempo que anticipó que iniciarán acciones judiciales para frenar la medida.
Los integrantes de la entidad gremial defendieron a la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA) al afirmar que “el Gobierno intenta dar de baja nuestra obra social argumentando una supuesta insolvencia, basada en los bajos aportes que recibe y la alta criticidad que debe cubrir”. “Esto se inscribe dentro de una política que promueve el cierre de las obras sociales con menos de 10 mil afiliados”, puntualizaron.
Asimismo, sostuvieron que desde las autoridades nacionales implementaron medidas perjudiciales para las obras sociales más pequeñas, entre ellas la modificación del cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que provocó una fuerte pérdida de recursos para OSPMA.
Además, recordaron que la declaración de crisis de la obra social se dio durante la pandemia de Covid-19, como condición para acceder al programa ATP. A pesar de que la situación financiera se normalizó y los balances recientes reflejan superávit, sostienen que no fueron dados de baja de esa categoría, lo que ahora se usa como argumento para avanzar con la clausura.
En este sentido, recalcaron: “Cumplimos con todas las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) para nuestros 4.891 beneficiarios, no tenemos deudas con proveedores ni con el personal, y jamás recibimos subsidios extraordinarios ni observaciones por parte de la Superintendencia. Llama la atención que se intente cerrar OSPMA por no responder una nota, siendo que todos los informes y balances fueron presentados en tiempo y forma”.
A modo de cierre, concluyeron que se trata de una medida arbitraria y desproporcionada, y confirmaron que ya están trabajando en las presentaciones legales correspondientes para revertir lo que consideran “un atropello institucional”.