Pidieron que deje sin efecto reglamentación municipal y advirtieron a vecinos que no inicien trámites en la comuna
Once concejales quilmeños opositores realizaron ayer -como habían anticipado un mes atrás- una presentación ante la Justicia con el fin de conseguir una medida que retrotraiga la reglamentación de la ordenanza mediante la cual se pueden regularizar construcciones clandestinas o ilegales. Según los ediles, la presentación judicial fue realizada “a efectos de lograr una medida que retrotraiga la reglamentación que el Departamento Ejecutivo ha realizado sobre el artículo 13 de la Ordenanza 11472/2010, sancionada por este cuerpo” y está acompañada por la firma de los concejales Diego Buffone; José Casazza; Nora Cuestas; Roberto Gaudio; Diego Iglesias; Edith Llanos; Fernando Pérez; Mario Sahagun; Eduardo Sánchez; Diego Tarzián y Raquel Vallejos. “La norma, regula la forma bajo la que pueden incorporarse a la legalidad normativa las construcciones que se hayan hecho por fuera de ella y superen los mil metros cuadrados. Los cuestionamientos que hemos hecho a la letra de esa reglamentación, son ya de público y notorio; y a nadie escapa que evaluamos que lo dispuesto por el Intendente Francisco Gutiérrez viola la letra de lo que se ha votado mayoritariamente en el Cuerpo que integramos”, se indica en el texto.
Advertencia
En este marco, desde la oposición advirtieron a los propietarios que “deben abstenerse de consumar gestiones ante el Departamento Ejecutivo, ya que éste, según la norma que hemos votado, carece de competencia para resolver estos casos. En consecuencia, todo aquello que se haga antes de lograr que la Justicia se expida, corre el riesgo de convertirse en un hecho insalvablemente nulo, que obligaría a quienes lo hagan, a volver a llevar adelante las tramitaciones de nuevo y ante quien corresponda”. Más adelante aclararon: “Sería un acto incompleto desde nuestra obligación, acudir a la Justicia y no informar que lo que se realice en medio de este debate judicial que se inaugura hoy, puede terminar siendo perjudicial para quienes inicien los trámites y para la administración municipal misma, hoy ajena a los criterios de responsabilidad más elementales. Esperar que la Justicia se expida y a partir de allí proceder, es hoy el único procedimiento que garantiza transparencia y claridad”.
Hace un mes
Cabe recordar que durante los primeros días de febrero, Gutiérrez reglamentó la ordenanza que establecía que todas las construcciones de más de mil metros cuadrados que tuvieran alguna irregularidad debían pasar por el Concejo Deliberante para analizar su regularización. Con la reforma, la norma obligaba a pasar por el Concejo sólo a aquellas que tengan más de mil metros cuadrados fuera de la ley. La reforma generó fuertes reacciones por parte de ediles opositores y grupos vecinales que aseguraron que “el proyecto oficialista también brindará la posibilidad de regularización para los edificios y torres que se construyeron (en un todo o parte) fuera de toda norma vigente, proponiendo cobrarles una multa que resulta muy conveniente para quienes infringieron la ley y teniendo en cuenta los excesivos precios de venta de estos inmuebles”. “Los vecinos de Quilmes nos preguntamos ¿Por qué no se cumple con la norma legal que está vigente (y es muy clara) sancionando con la demolición a estas construcciones?. Los vecinos de Quilmes nos preguntamos ¿Para qué seguir pagando importantes sueldos con nuestro dinero a quienes, desde la Secretaría de Obras Públicas a cargo de la arquitecta Roxana González, no cumplieron con su deber y no controlaron lo que se construye en la ciudad?”, cuestionaron.
Advertencia
En este marco, desde la oposición advirtieron a los propietarios que “deben abstenerse de consumar gestiones ante el Departamento Ejecutivo, ya que éste, según la norma que hemos votado, carece de competencia para resolver estos casos. En consecuencia, todo aquello que se haga antes de lograr que la Justicia se expida, corre el riesgo de convertirse en un hecho insalvablemente nulo, que obligaría a quienes lo hagan, a volver a llevar adelante las tramitaciones de nuevo y ante quien corresponda”. Más adelante aclararon: “Sería un acto incompleto desde nuestra obligación, acudir a la Justicia y no informar que lo que se realice en medio de este debate judicial que se inaugura hoy, puede terminar siendo perjudicial para quienes inicien los trámites y para la administración municipal misma, hoy ajena a los criterios de responsabilidad más elementales. Esperar que la Justicia se expida y a partir de allí proceder, es hoy el único procedimiento que garantiza transparencia y claridad”.
Hace un mes
Cabe recordar que durante los primeros días de febrero, Gutiérrez reglamentó la ordenanza que establecía que todas las construcciones de más de mil metros cuadrados que tuvieran alguna irregularidad debían pasar por el Concejo Deliberante para analizar su regularización. Con la reforma, la norma obligaba a pasar por el Concejo sólo a aquellas que tengan más de mil metros cuadrados fuera de la ley. La reforma generó fuertes reacciones por parte de ediles opositores y grupos vecinales que aseguraron que “el proyecto oficialista también brindará la posibilidad de regularización para los edificios y torres que se construyeron (en un todo o parte) fuera de toda norma vigente, proponiendo cobrarles una multa que resulta muy conveniente para quienes infringieron la ley y teniendo en cuenta los excesivos precios de venta de estos inmuebles”. “Los vecinos de Quilmes nos preguntamos ¿Por qué no se cumple con la norma legal que está vigente (y es muy clara) sancionando con la demolición a estas construcciones?. Los vecinos de Quilmes nos preguntamos ¿Para qué seguir pagando importantes sueldos con nuestro dinero a quienes, desde la Secretaría de Obras Públicas a cargo de la arquitecta Roxana González, no cumplieron con su deber y no controlaron lo que se construye en la ciudad?”, cuestionaron.
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