Funcionarios de Varela irán a juicio oral por la explosión en el Km 26

Funcionarios de Florencio Varela irán a juicio oral y público en los Tribunales de Quilmes por la terrible explosión de pirotecnia que se produjo en 2004, en un comercio polirrubro frente a la estación de trenes Dante Ardigó (Km 26) y por la que murieron 5 personas y otras 15 resultaron heridas. Ayer comenzó el debate oral contra los 7 inspectores Umeres, López, Jiménez, Barrionuevo, Mosqueira, Amarilla y González, imputados de “cohecho e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos” que afecta directamente a la gestión de Julio César Pereyra. El fiscal a cargo de las acusaciones será José María Gutiérrez y se espera que declaren unos cien testigos. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº2 de Quilmes, integrado por los jueces Ariel González Elicabe, Pablo Eduardo Pereyra y Jorge Franklin Moya Panisello, serán quienes determinarán la responsabilidad de los acusados y dictarán un veredicto sobre la explosión. Cabe recordar que tras el estallido, cuyo estruendo se sintió en una gran parte de Florencio Varela, provocó la destrucción de numerosos locales cercanos, el derrumbe de paredes de viviendas y la muerte de los empleados Jorge Benítez, de 18, y Luis Quinteros, de 19; del odontólogo Segundo Loyola García Vázquez, de 45 años (que atendía en un consultorio lindante); de Noelia Morales (25 años, embarazada de 7 meses); y de un adolescente de 17 años. En tanto, 15 personas resultaron heridas de distinta gravedad. El polirrubro El Rey de las Ofertas, que estalló el 2 de enero de 2004 por acumulación de pirotecnia, era propiedad de Carlos Ramón Salvador Sotier, quien el año pasado fue condenado a prisión por la Justicia Federal bajo la acusación de “estrago culposo”. Cabe destacar que la investigación se había desdoblado por decisión Judicial debido a que la acumulación de explosivos es un delito de índole Federal; en tanto, el segundo proceso, lo ejecutaron los Tribunales Penales de Quilmes, donde los involucrados (inspectores municipales y funcionarios comunales) y el comerciante Sotier fueron investigados y acusados de “cohecho” y “falsificación de documento público”. Durante el juicio en el que el propietario del polirrubro fue condenado por la Justicia Federal de La Plata, reconoció la existencia de pirotecnia en su depósito del local y detalló las irregulares condiciones en que funcionaba el comercio y la manera en la que lograba tener la habilitación municipal.