Los asentamientos formados en Quilmes, luego de las tomas que se sucedieron en distintas zona, recibieron notificaciones por parte de la Justicia local, en las que se plantean que en un plazo máximo de 13 días deberán abandonar los espacios usurpados. El juez Marcelo Goldberg que instruye la causa y la fiscal interviniente Bárbara Velezco, ya dieron a conocer la normativa y si bien se supone que no se realice a rajatabla, el planteo sienta un precedente en torno a las tomas, exponiendo el rechazo legal a las ocupaciones.
Algunos planteos
Ya se había hablado de la posibilidad de desalojar el predio de Laprida y Vélez Sársfield en el barrio papelero y por intervención del Defensor del Pueblo, José Estevao. Sin embargo, no se tenían certezas en torno a lo que iba a suceder con los otros predios, que con esta normativa, aparecen nucleados en esta resolución judicial y que puede hacer que la policía intervenga tratando de desalojar a los ocupantes. La determinación ha causado malestar entre algunos frentes políticos que temen que el dictamen genere violencia, cosa que desde la comuna quieren evitar apelando a la posibilidad de ingresar a un plan nacional de mil viviendas de emergencias y a la posibilidad que existe de comprar los predios a los dueños de los mismos. Cabe recordar que el mismo intendente Francisco Gutiérrez avanzó con las negociaciones y las más encaminadas parecen ser la de la fábrica Saionara y Finexcor, aunque se está dialogando con todos los espacios, y el más difícil parece ser el dueño del Frigorífico Penta. El resto de los predios se encuentran en la zona de Totalgaz, El Triángulo de Bernal, Laprida y Vélez, Lamadrid y Uruguay y otro sobre el margen de 816 y el Arroyo Las Piedras. Además se intentó intrusar predios en Gutiérrez y Avenida La Plata y en el barrio La Odisea, ambas impedidas por el trabajo realizado entre la comuna y la policía. La idea de actuar del municipio se basa en la Ley 8912, que prevé la compra de tierras a valor fiscal de los terrenos y que se declaren de utilidad pública, como sucedió hace unos días atrás en El Emporio del Tanque, y años antes con predios en diferentes puntos de la región, donde terminaron por convertirse en barrios.
Algunos planteos
Ya se había hablado de la posibilidad de desalojar el predio de Laprida y Vélez Sársfield en el barrio papelero y por intervención del Defensor del Pueblo, José Estevao. Sin embargo, no se tenían certezas en torno a lo que iba a suceder con los otros predios, que con esta normativa, aparecen nucleados en esta resolución judicial y que puede hacer que la policía intervenga tratando de desalojar a los ocupantes. La determinación ha causado malestar entre algunos frentes políticos que temen que el dictamen genere violencia, cosa que desde la comuna quieren evitar apelando a la posibilidad de ingresar a un plan nacional de mil viviendas de emergencias y a la posibilidad que existe de comprar los predios a los dueños de los mismos. Cabe recordar que el mismo intendente Francisco Gutiérrez avanzó con las negociaciones y las más encaminadas parecen ser la de la fábrica Saionara y Finexcor, aunque se está dialogando con todos los espacios, y el más difícil parece ser el dueño del Frigorífico Penta. El resto de los predios se encuentran en la zona de Totalgaz, El Triángulo de Bernal, Laprida y Vélez, Lamadrid y Uruguay y otro sobre el margen de 816 y el Arroyo Las Piedras. Además se intentó intrusar predios en Gutiérrez y Avenida La Plata y en el barrio La Odisea, ambas impedidas por el trabajo realizado entre la comuna y la policía. La idea de actuar del municipio se basa en la Ley 8912, que prevé la compra de tierras a valor fiscal de los terrenos y que se declaren de utilidad pública, como sucedió hace unos días atrás en El Emporio del Tanque, y años antes con predios en diferentes puntos de la región, donde terminaron por convertirse en barrios.
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