La trágica muerte de cuatro menores de edad en la comisaría 1º de Quilmes, el 25 de octubre de 2004, generó que el entonces ministro de Seguridad de la provincia, León C. Arslanián, emitiera la Resolución nº 1.623/04 que prohíbe el alojamiento de niños, niñas y adolescentes en dependencias policiales. Dicha resolución, a su vez, dio lugar a un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que requirió al Poder Ejecutivo que dispusiera lugares indispensables para que los jueces pudieran cumplir con el propósito de no alojar bajo ninguna circunstancia a menores en dependencias policiales, inapropiadas por su naturaleza para el resguardo de su salud espiritual, moral y física. Sin embargo, a más de cinco años de la implementación de la norma -se indicó en el informe-, “se observa en la provincia de Buenos Aires un incremento importante en la detención de jóvenes en institutos cerrados y de recepción. Esto ha llevado a la sobrepoblación y alojamiento en lugares no habilitados para ello, como por ejemplo el uso de comedores abandonados, donde los jóvenes debían dormir sobre mesas de cemento y sin luz eléctrica. O como el caso registrado en La Plata donde un niño de 13 años y uno de 17 debían dormir compartiendo el mismo colchón sobre el piso”.