Fue elaborado por distintas áreas de la casa de altos estudios y contará con un equipo de intervención. Además constituir una acción preventiva, el objetivo es lograr un cambio cultural.
La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) de Florencio Varela aprobó el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género. Con esto, se suma a las primeras diez instituciones universitarias que cuentan con una normativa especial para atender a estos casos.
Realizado por el Programa de Estudios de Género (PEG), en coordinación con distintas áreas de la institución, se articulará a partir de un equipo de intervención integrado por dos docentes y un integrante del Departamento de Orientación Educativa, además de tres veedores sindicales, uno por cada representación gremial (docente, no docente y estudiantil).
El protocolo prevé, además de qué situaciones comprende y qué actores, un procedimiento que establece la manera en que el equipo va a trabajar y abordar los casos.
La denuncia o la consulta puede llegar a través de correo electrónico, que lo va a administrar el grupo especial, o a través de cualquier otra vía (puede llegar a cualquier área de la universidad). Una vez que esa consulta o denuncia llega, evalúa; habla con la persona si es que quiere o no tener una entrevista.
Marco normativo
Y en caso que la persona quiere hacer una denuncia administrativa, se pasa la queja a Asuntos Legales.
El marco normativo se logró a partir de la promulgación en 2009 de la Ley 26.485 de protección integral de las mujeres y el Plan Nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres 2017-2019 del Consejo Nacional de las Mujeres, que habilitó a las universidades como instituciones educativas vinculadas a los problemas sociales a la elaboración de estos protocolos.
No ignorar el tema
Al respecto, Luciana Pérez, docente integrante del PEG de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, señaló que el objetivo “más allá del abordaje de los casos, es la prevención y el cambio cultural. Que exista este protocolo quiere decir que el tema se visibiliza, se habla, se trata, se informa a los estudiantes. Al entrar el tema en debate, eso es preventivo, ayuda a no ignorar el tema, no naturalizarlo”.
“Y para prevenir es necesario desnaturalizarlo y ponerlo a debate. Los movimientos de mujeres son fundamentales porque esto está cada vez más en agenda, en los medios y acá en las aulas es un tema que estamos debatiendo permanentemente”, agregó.
El protocolo busca ser “lo más amplio posible” para que contemple todo tipo de casos. Por ello se aplica a cualquier persona que esté vinculada a la universidad (estudiante, docente, no docente, docente invitado) ya sea que el hecho ocurra en la sede central o cualquier otra sede de la universidad, o se trate de una actividad que la universidad haga en otro lugar.
Posteriormente, aseguró que “como agentes públicos (las universidades) tenemos la responsabilidad y la obligación de abordar estos casos de violencia de manera adecuada y adecuarnos a la ley nacional, sobre todo para la protección de las víctimas que están sufriendo estas situaciones”.
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