La Corte Suprema ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) que explique “las razones por las cuales no se dio cumplimiento” a las directivas para emprender el saneamiento del Riachuelo tal cual lo ordenó el Tribunal hace ya dos años. El Tribunal pidió a la ACUMAR, conformado por el estado Nacional, el Bonaerense y el porteño, que dé explicaciones de por qué no se realizaron los trabajos sobre “contaminación de origen industrial, expansión de la red de agua potable, desagües y saneamiento de basurales”. Ahora, quien deberá aplicar lo señalado será el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella, a quien la Corte le delegó la causa luego de dar una serie de pasos a seguir para conseguir el saneamiento del Riachuelo. “En forma inmediata y bajo apercibimiento” -esto es, posible aplicación de multas a funcionarios-, la ACUMAR deberá poner en marcha “un sistema de información digital de acceso público que contenga todos los datos, informes, listados, cronogramas, y costos actualizados” de lo que se viene realizando en la cuenca. También deberá detallar “algunos de los sistemas internacionales de medición disponibles, incluyéndose la realización de auditorías técnicas de control”. Por otra parte, la Corte cuestiona a la ACUMAR porque se pactó un convenio con la Auditoría General de la Nación recién el 26 de abril pasado para el control de los fondos públicos, pese a que el Tribunal lo había ordenado mucho antes.

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