Tres establecimientos recibieron 30 llamados intimidatorios en 45 días, lo que llevó a la Justicia a organizar charlas similares a las efectuadas en Quilmes, a partir de las cuales cesaron las comunicaciones.
Tres escuelas de Florencio Varela recibieron en un mes y medio 30 amenazas de bomba, provocando la realización de operativos especiales que demanda un costo de entre 30 y 40 mil pesos cada uno.
Así lo informaron fuentes judiciales especializadas en el tema, quienes remarcaron que durante el primer cuatrimestre “no se registraron amenazas, que sí aparecieron a partir de principios de agosto, en coincidencia con la época de exámenes”.
Y revelaron que los llamados son realizados prácticamente en su totalidad por menores de edad “según las tareas de escuchas que estuvimos efectuando”, y que en consecuencia, casi no existe la participación de adultos.
Esto llevó a que desde el ámbito judicial, junto a autoridades policiales, educativas y municipales organizaran charlas de concientización para desalentar este tipo de prácticas.
En ese sentido, dijeron que a raíz de que durante el año pasado comenzaron a registrarse las amenazas, a comienzos del corriente “iniciamos en Quilmes este tipo de encuentros y prácticamente no se hicieron más llamadas amenazantes”.
“Funcionó a la perfección en Quilmes a principios de este año y por eso fuimos a Florencio Varela para que esto no se haga masivo”, recalcaron.
Sobre el caso de Florencio Varela, sostuvieron que “durante este año no habíamos tenido ningún caso hasta agosto, pero a partir de ahí, contabilizamos hasta ahora 30”.
Asimismo, precisaron que cada operativo de evacuación demanda un costo de entre “30 mil y 40 mil pesos o más, que lo tiene que pagar el Estado”.
También, apuntaron que hay oportunidades en las que “vienen madres o abuelas corriendo asustadas para ver en qué estado se encuentran sus hijos o nietos, trastornos en el tránsito y también mucho miedo en los chicos de los jardines de infantes, ubicados junto a las escuelas amenazadas”
Sin celular y con trabajos comunitarios
Los especialistas judiciales también detallaron que los menores de edad autores de los llamados telefónicos pueden ser sancionados por la Justicia ya que se trata de un delito.
Las medidas que se pueden disponer se centran en la órbita de responsabilidad juvenil. “En Capital Federal un menor de edad tuvo que entregar su teléfono celular a una entidad de bien público, por ejemplo” al tiempo que resaltaron que también pueden “ser obligados a llevar a cabo trabajos comunitarios en una entidad”.
Asimismo, sostuvieron también que obedece “a una cuestión social, a algo parecido a una moda”. Para brindar más precisiones sobre este tópico, recordaron que durante el año pasado “en un hora se recibieron 30 llamados que hacían una amenaza de bomba a una misma escuela. Se ponían de acuerdo para hacerlo”.
Además, describieron los padres “no saben que sus hijos hacen esto. Cuando se llevan a cabo los allanamientos a los domicilios, quedan totalmente sorprendidos, enojados y hasta tristes”.
En ese sentido, revelaron que en algunos casos “deciden cambiar de escuela a sus hijos. Es una situación complicada”.
A modo de cierre, resaltaron que las charlas son “un compromiso de todos los docentes, municipios, policía, ellos no quieren una amenaza y con la experiencia de Quilmes, rápidamente ahí estamos todos abordando el tema en Florencio Varela”.
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