Mientras el oficialismo en el Concejo Deliberante de Quilmes defiende la propuesta de modificación de la ordenanza para regularizar todas las construcciones que no han sido legalmente declaradas en el distrito, el Foro de Asambleas por el Plan Urbano Ambiental expresó, en una carta abierta, sus reparos ya que sospechan que de esta manera “todos los edificios y torres que se construyeron fuera de la norma vigente” podrán subsanar su situación con una multa. “Por estos días se está hablando de un proyecto de ordenanza, impulsado por el intendente Gutiérrez y un grupo de concejales (oficialistas y aliados) e ideado - aparentemente - por la asesoría letrada del municipio, encabezada por el doctor Walter Di Giuseppe, por el cual se pretende regularizar todas las construcciones que no han sido legalmente declaradas”, manifestaron. Si bien remarcaron la posibilidad de regularización para los vecinos que “con mucho sacrificio - tuvieron que afrontar una ampliación en su casa” y dado “lo difícil que se nos hace cumplir con todas nuestras obligaciones”, puntualizaron que “dicho proyecto también brindará la posibilidad de regularización para los edificios y torres que se construyeron (en un todo o parte) fuera de toda norma vigente, proponiendo cobrarles una multa que resulta muy conveniente para quienes infringieron la ley y teniendo en cuenta los excesivos precios de venta de estos inmuebles”. “Los vecinos de Quilmes nos preguntamos ¿Por qué no se cumple con la norma legal que está vigente (y es muy clara) sancionando con la demolición a estas construcciones?. Los vecinos de Quilmes nos preguntamos ¿Para qué seguir pagando importantes sueldos con nuestro dinero a quienes - desde la Secretaría de Obras Públicas a cargo de la arquitecta Roxana González - no cumplieron con su deber y no controlaron lo que se construye en la ciudad?”. En tanto, sobre la modificación de la norma, el presidente del Concejo Deliberante, José Migliaccio manifestó en la sesión del martes: “Aquí han habido varias propuestas y, en una de ellas, el mismo Ejecutivo ha opinado que también podríamos aportar, como elemento para enriquecer la ordenanza, aquellos derechos de construcción para las viviendas sociales, particularmente que lleguen hasta 70 metros. Que éstas puedan contar con un plan de pago que les permita acceder”.