EN 1988 DERRAME DE COMBUSTIBLE CONTAMINO LA ZONA
Desde el gobierno Nacional se anunció que el tribunal de Tasación que evaluará la expropiación de YPF tendrá en cuenta el daño ambiental que produjo la empresa Repsol, como la pérdida de combustible que se observó en 1988 en la zona de la Ribera de Quilmes y que generó un serio riesgo ambiental en la zona y afectó la vida de los vecinos de la zona.
Quilmes fue víctima de un derrame de petróleo en 1988 cuando se pinchó un oleoducto que va desde Dock Sud a Ensenada y pasa a la altura de la calle España en su intersección entre Panizza y Lafayette, situación que provocó graves consecuencias para los vecinos y el municipio.
Al parecer, tanto la cuestión ambiental como el daño que se provocó en la zona quilmeña será tomada en cuenta cuando el Tribunal de Tasación efectúe el análisis de la tasación de la empresa, quien solicita una compensación de más de 10 millones de dólares, y por lo que el Estado Nacional anunció que revisará minuciosamente antes de definir el valor de expropiación. En este sentido, el concejal Mario Sahagún declaró a la prensa que “ni el Estado, ni Repsol, se hicieron cargo del daño ambiental”, y enfatizó que “se hicieron todas las presentaciones ante la justicia para reclamar la reparación ambiental por el derrame en la ribera de Quilmes, que data del año 1988, pero hasta ahora no hubo soluciones”. Asimismo, el Ministro de Planificación, Julio De Vido, sentenció que la empresa Repsol “tendrá que pagar” por los daños provocados en el medio ambiente. “El medio ambiente no se rifa y tiene precio”, dijo De Vido quien sentenció que “el costo de la empresa” habrá que “conversarlo” porque “los gobernadores también tienen muchos reclamos para hacer”.
Asimismo, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, coincidentemente manifestó que el valor de la compañía “lo fijará el Tribunal de Tasación, pero antes de pagar se tendrá en cuenta el daño ambiental producido en las distintas áreas explotadas”.
El caso de Quilmes tomó relevancia porque hubo cientos de denuncias por la gran cantidad de petróleo que se esparció por la zona durante más de una década. A su vez, el municipio hizo “una denuncia penal para que la justicia investigue si existe contaminación y que se tomen las medidas correspondientes. Desde el municipio -se indicó- se tomaron todas las medidas asistenciales, médicas y ambientales, trabajando en un abordaje completo” y se planteó una fuerte discusión “sobre la reparación económica para el municipio y los vecinos en caso de comprobarse un impacto ambiental”.
Cabe recordar que 1988 cuando se produjo la pérdida de hidrocarburos, YPF anunció la reparación del oleoducto, mientras fueron los bomberos voluntarios los que sacaron gran parte del combustible derramado en más de una hectárea, removiendo tierra y prendiendo fuego el área para consumir el petróleo.
Quilmes fue víctima de un derrame de petróleo en 1988 cuando se pinchó un oleoducto que va desde Dock Sud a Ensenada y pasa a la altura de la calle España en su intersección entre Panizza y Lafayette, situación que provocó graves consecuencias para los vecinos y el municipio.
Al parecer, tanto la cuestión ambiental como el daño que se provocó en la zona quilmeña será tomada en cuenta cuando el Tribunal de Tasación efectúe el análisis de la tasación de la empresa, quien solicita una compensación de más de 10 millones de dólares, y por lo que el Estado Nacional anunció que revisará minuciosamente antes de definir el valor de expropiación. En este sentido, el concejal Mario Sahagún declaró a la prensa que “ni el Estado, ni Repsol, se hicieron cargo del daño ambiental”, y enfatizó que “se hicieron todas las presentaciones ante la justicia para reclamar la reparación ambiental por el derrame en la ribera de Quilmes, que data del año 1988, pero hasta ahora no hubo soluciones”. Asimismo, el Ministro de Planificación, Julio De Vido, sentenció que la empresa Repsol “tendrá que pagar” por los daños provocados en el medio ambiente. “El medio ambiente no se rifa y tiene precio”, dijo De Vido quien sentenció que “el costo de la empresa” habrá que “conversarlo” porque “los gobernadores también tienen muchos reclamos para hacer”.
Asimismo, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, coincidentemente manifestó que el valor de la compañía “lo fijará el Tribunal de Tasación, pero antes de pagar se tendrá en cuenta el daño ambiental producido en las distintas áreas explotadas”.
El caso de Quilmes tomó relevancia porque hubo cientos de denuncias por la gran cantidad de petróleo que se esparció por la zona durante más de una década. A su vez, el municipio hizo “una denuncia penal para que la justicia investigue si existe contaminación y que se tomen las medidas correspondientes. Desde el municipio -se indicó- se tomaron todas las medidas asistenciales, médicas y ambientales, trabajando en un abordaje completo” y se planteó una fuerte discusión “sobre la reparación económica para el municipio y los vecinos en caso de comprobarse un impacto ambiental”.
Cabe recordar que 1988 cuando se produjo la pérdida de hidrocarburos, YPF anunció la reparación del oleoducto, mientras fueron los bomberos voluntarios los que sacaron gran parte del combustible derramado en más de una hectárea, removiendo tierra y prendiendo fuego el área para consumir el petróleo.
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