Tendrán la posibilidad de una verdadera inclusión social, al ponerse en vigencia una ley nacional, única en el mundo, que las protege y les facilita el acceso al trabajo, el estudio y los traslados, entre otros beneficios.
Unas 20.000 personas, entre las trasplantadas o las que permanecen en lista de espera en el país, tendrán la posibilidad de una verdadera inclusión social, al ponerse en vigencia una ley nacional, única en el mundo, que las protege y les facilita el acceso al trabajo, el estudio y los traslados, entre otros beneficios.

Alejandro González, uno de los impulsores de la Ley 26.928 que fue aprobada en diciembre y se publicó el miércoles en el Boletín Oficial, se supo que desde ahora los trasplantados accederán a un pase de transporte, y la cobertura por parte de las obras sociales del 100% de los medicamentos, prácticas y estudios necesarios, entre otros beneficios.

"Esta flamante ley, única en el mundo, es clave para una real inclusión social y laboral de los trasplantados y personas en la lista de espera del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina", señaló González, secretario general del Consejo Asesor de Pacientes del INCUCAI y trasplantado renal.

La norma "nos da entidad como 'trasplantados' -hasta ayer desaparecidos legales- ya que no éramos considerados ni 'discapacitados' ni 'pacientes dados de alta', lo que nos dejaba en un lugar vulnerable".

González explicó que "los trasplantados están inmunosuprimidos y por esa condición -como ocurre con las personas con VIH-, no pasan un apto médico para ingresar a un empleo".

"Al no poder acceder al certificado de discapacidad que otorga el sistema de salud y tampoco 'tener el alta nunca', nuestras posibilidades de hacer una vida integrada al mundo familiar, social, educativo y laboral se reducen. La ley vino a remediar esa situación", comentó.

Antes, añadió González, "un niño que había sido trasplantado y vivía en una localidad alejada de la capital provincial, donde seguramente está ubicado su centro de trasplante, no podía trasladarse con un adulto a cargo, porque no tiene certificado de discapacidad".

Ahora, con la nueva ley, "los trasplantados podrán acceder a un pase de transporte, como el que tienen las personas con discapacidad, que viajan con un acompañante".

Además, la norma obligará a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a dar cobertura del 100% de los medicamentos, estudios y demás prácticas médicas necesarias para garantizar una adecuada atención de la salud de estos pacientes.

Otro punto de la ley dispone importantes beneficios impositivos para las empresas que den trabajo a las personas trasplantadas, permitiéndoles deducir del pago de ganancias el 70% de los sueldos, a la vez que garantiza a los pacientes en situación de desempleo el acceso a una asignación equivalente a una jubilación mínima.

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