Alejandro González, uno de los impulsores de la Ley 26.928 que fue aprobada en diciembre y se publicó el miércoles en el Boletín Oficial, se supo que desde ahora los trasplantados accederán a un pase de transporte, y la cobertura por parte de las obras sociales del 100% de los medicamentos, prácticas y estudios necesarios, entre otros beneficios.
"Esta flamante ley, única en el mundo, es clave para una real inclusión social y laboral de los trasplantados y personas en la lista de espera del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina", señaló González, secretario general del Consejo Asesor de Pacientes del INCUCAI y trasplantado renal.
La norma "nos da entidad como 'trasplantados' -hasta ayer desaparecidos legales- ya que no éramos considerados ni 'discapacitados' ni 'pacientes dados de alta', lo que nos dejaba en un lugar vulnerable".
González explicó que "los trasplantados están inmunosuprimidos y por esa condición -como ocurre con las personas con VIH-, no pasan un apto médico para ingresar a un empleo".
"Al no poder acceder al certificado de discapacidad que otorga el sistema de salud y tampoco 'tener el alta nunca', nuestras posibilidades de hacer una vida integrada al mundo familiar, social, educativo y laboral se reducen. La ley vino a remediar esa situación", comentó.
Antes, añadió González, "un niño que había sido trasplantado y vivía en una localidad alejada de la capital provincial, donde seguramente está ubicado su centro de trasplante, no podía trasladarse con un adulto a cargo, porque no tiene certificado de discapacidad".
Ahora, con la nueva ley, "los trasplantados podrán acceder a un pase de transporte, como el que tienen las personas con discapacidad, que viajan con un acompañante".
Además, la norma obligará a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a dar cobertura del 100% de los medicamentos, estudios y demás prácticas médicas necesarias para garantizar una adecuada atención de la salud de estos pacientes.
Otro punto de la ley dispone importantes beneficios impositivos para las empresas que den trabajo a las personas trasplantadas, permitiéndoles deducir del pago de ganancias el 70% de los sueldos, a la vez que garantiza a los pacientes en situación de desempleo el acceso a una asignación equivalente a una jubilación mínima.