Cuando es el propio estado el que decide los aumentos, el eje se corre de lugar y en ese caso además de los representantes de los usuarios y consumidores es muy bueno escuchar a los especialistas
La semana pasada tratamos el tema de los aumentos de precios y la posición de los usuarios y consumidores en la defensa de sus derechos, entre los que sin dudas se cuentan el acceso al consumo y la posibilidad de contar con una estabilidad en la economía para lograr balancear adecuadamente el presupuesto.

Mucho se ha señalado respecto la responsabilidad de los distintos actores económicos y sobre todo el llamado de las autoridades a que no se aumenten los precios. Pero cuando es el propio estado el que decide los aumentos, el eje se corre de lugar y en ese caso además de los representantes de los usuarios y consumidores es muy bueno escuchar a los especialistas.

Ricardo Lasca (Ingeniero Agrónomo) hace más de una década es una referencia ineludible en el tema y viene sosteniendo junto a decenas de entidades representativas de los usuarios, pero también de los sectores de la producción del agro, de los profesionales, y del comercio, la absoluta inconveniencia del sistema de peajes implementados en la década del 90' y luego continuado en las posteriores administraciones nacionales.

A pesar que muchas veces desde el propio estado se desoyen estas autorizadas voces de los intereses sociales y sobre todo del saber profesional, es bueno que las pongamos sobre la mesa para consideración de todos.

Respecto de los últimos aumentos Ricardo Lasca y el Comité Nacional de Usuarios Viales manifestaron:

'Los aumentos generalizados de las tarifas de peaje que se vienen autorizando desde diciembre de 2013 y otros que regirán a partir del 1º de febrero de 2014 en los corredores viales concesionados bajo el régimen nefasto de peaje con cabinas de cobro en ruta, generan graves perjuicios económicos, no solo a los usuarios viales, sino también a toda la sociedad en su conjunto.Lo único que se logra es seguir incrementando los costos de transporte y en definitiva, trasladarse a todos los precios de le economía nacional.

El Conaduv manifiesta, como lo ha hecho en otras oportunidades, que dichos incrementos son claramente abusivos, injustos, inapropiados, ilegales y carentes de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte.

También se rechaza la actitud autoritaria, antidemocrática e irresponsable, tanto del gobierno nacional, como provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a la toma de decisiones sin tener en cuenta la opinión de los usuarios viales directos e indirectos.

Mientras los usuarios viales nunca son escuchados como es debido y deben sufrir este verdadero castigo y exacción ilegal, las empresas concesionarias, los amigos del poder y el nefasto 'club de peaje' siguen de fiesta obteniendo espectaculares ganancias.

El régimen de peaje con cabinas de cobro en ruta implementado en nuestro país ha sido y sigue siendo, un verdadero fracaso, actuando como un falso peaje, un nuevo costo y un claro impuesto al tránsito.

Quienes gobiernan y toman decisiones, solo se ocupan de adecuar y restablecer la ecuación económica - financiera de los concesionarios viales, sin tener en cuenta para nada la relación beneficio/costo del usuario vial tal cual lo expresan las leyes de peaje vigentes a nivel nacional como provincial.Es importante destacar que los caminos no son propiedad exclusiva de un gobernante o de un funcionario; son de dominio público y por lo tanto los usuarios viales deben ser escuchados y poder participar de las respectivas decisiones en los temas relacionados con la infraestructura vial y especialmente sobre los métodos adecuados de financiamiento.

El Conaduv exhorta a los gobernantes y a quienes nos representan, a tener coraje, voluntad y decisión política para dar por finalizado el régimen perverso de 'falso peaje' puesto en práctica en la década del 90, implementando un verdadero proyecto vial que contemple toda la red caminera del país, a través de un sistema de financiamiento libre de peajes y aduanas interiores, mediante la reasignación efectiva de los $30.000 millones anuales que recauda el Estado Nacional en concepto de fondos viales y que con tanto esfuerzo aportan los usuarios viales cada vez que cargan combustibles.

Asimismo, se solicita rejerarquizar la actividad de la Dirección Nacional de Vialidad, reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de la red vial, de planificación concertada, control de gestión federalizada, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el organismo rector de la política vial nacional y provincial, recuperando así las funciones propias cedidas a otros organismos. Recuperar las rutas por parte del estado, supone poner fin al ciclo más escandaloso dentro del proceso privatizador en Argentina.

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