El titular de dicha entidad, Julio Sobrino, arremetió contra las distribuidoras y acusó de los precios abusivos, al tiempo que reclamó a los intendentes de la región que se comprometan con la norma y faciliten la venta de gas envasado en los barrios, especialmente en los más carenciados.
"La situación es caótica. La falta de control por parte de los municipios es total", remarcó Sobrino, quien explicó que "en las distribuidoras se consigue con el precio establecido, pero cuando la llevan a las casas, que es la mayoría de los casos, las están cobrando 45 pesos".
El dirigente, además, manifestó que se utiliza el término "garrafa social" para estafar a la gente. "Todas las de 10 kilos se deben vender a 16 pesos por orden del Gobierno Nacional. La empresas engañan a los usuarios diciéndoles que la garrafa social rinde menos, pero son todas iguales, no hay diferencia", enfatizó. La denuncia por la sobrefacturación del gas envasado fue emitida en conjunto con la Unión de Consumidores de Argentina, entidad que preside Fernando Blanco Muiño.