En ese ámbito, la CPM presentó la información obtenida de los libros de las comisarías de San Vicente, en la que se constató la realización de detenciones de niños de entre 8 y 17 años por figuras ilegales y arbitrarias tales como entrega de menor, averiguación de identidad o aplicación del código de faltas, entre otras.
Estas prácticas, "violatorias de los derechos y garantías constitucionales", fueron denuncias por el organismo en marzo pasado, motivo por el cual exigió se tomen "de manera urgente" las medidas necesarias para "revertir esta grave situación".
"Estos hechos revisten una doble gravedad, tanto por la ilegalidad de las detenciones sostenidas en figuras arbitrarias, como por el alojamiento en comisarías", explicó a este medio Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, desde donde se impulsó el hábeas corpus. El dirigente subrayó que las detenciones continuaron a pesar de la denuncia interpuesta.
La CPM constató, a partir del Libro de detenidos de la Subcomisaría de Domselaar, la realización de reiteradas detenciones "ilegales e irregulares" de menores. Sólo en el período 2015-2016, hubo 74 detenciones de menores de 18 años, de las cuales el 36% eran mujeres, en una dependencia donde existe una sola celda. Pero si se toma en cuenta el total de la información relevada, se constataron más de 350 detenciones en dependencias policiales del distrito.
"Estas cifras ponen nuevamente de relieve que, a pesar de la expresa prohibición de detener a niñas, niños y adolescentes en espacios policiales, en la actualidad se constata que el de alojamiento aún momentáneo o provisional en comisarías es una práctica naturalizada", recalcaron desde la CPM.
- Compromiso para poner fin a estas prácticas ilegales
En función del delicado y grave diagnóstico aportado por la Comisión Provincial de la Memoria, las autoridades policiales como del Ministerio de Seguridad bonaerense se comprometieron a impartir directivas específicas para que se dejen de realizar estas detenciones.
En tanto, desde el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, si bien reconocieron la falta de recursos, también se comprometieron a generar intervenciones asistenciales vinculadas a la promoción y protección de derechos de los menores.
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