Vecinos que participan de la toma de un predio de 60 hectáreas en el municipio bonaerense de Merlo comenzaron a ser censados ayer por la mañana por los propios delegados y la Provincia.

El gobierno bonaerense inició ayer un censo entre las familias que mantienen tomado un predio en el municipio bonaerense de Merlo, a fin de determinar la situación de cada una, mientras busca "negociar" con los dueños de los terrenos para encontrar una solución habitacional a los ocupantes.

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Eduardo Aparicio, aseguró que la idea es "comprar o expropiar" las tierras usurpadas, para que los habitantes puedan "tener lotes con servicios".

"Estos terrenos tienen dueño, así que trataremos de negociar y llegar a un acuerdo de partes -en el marco de la ley de vivienda- para que el Estado compre o expropie y luego los vecinos puedan tener lotes con servicios", explicó.

Luego de 22 días de toma, la Provincia inició un censo social en el predio de 60 hectáreas, ubicado sobre la ruta 1003 en ese distrito del oeste del Conurbano, para determinar la cantidad de familias que permanecen en las tierras y la situación de cada una.

Aparicio detalló que el censo busca "confeccionar una ficha con la situación de cada vecino: hay algunos con familia numerosa, otros con capacidades diferentes, abuelos y madres".

El ministro de Desarrollo Social aclaró que quedarán excluidos del registro quienes hayan tomado las viviendas pertenecientes a un plan federal, ya que dentro del predio fueron usurpados terrenos sin construcciones y también casas que iban a ser entregadas en el marco de programas nacionales.

"Ellos no van a entrar en el relevamiento, porque están violando una ley muy seria; es gente que llegó en tres micros e invadió las casas que estaban construidas", subrayó.

Si bien el funcionario admitió que se trata de "una toma indebida y pudo haber sido movilizada", en medio del enfrentamiento entre el intendente Raúl Othacehé y su sucesor Gustavo Menéndez, remarcó que la mayoría "son vecinos de la zona que se fueron acercando al lugar por necesidad", por lo que la Provincia buscará encontrarles una solución habitacional.

Aparicio consideró, además, que una vez concluido el censo "la gente va a dejar los lugares" tomados para que las autoridades puedan iniciar tareas de limpieza y reorganización, aunque hasta anoche la ocupación continuaba.

Este martes, el gobierno provincial envió 600 efectivos de Infantería de la Policía Bonaerense, quienes mantienen custodiada la zona, aunque se aclaró que no habrá desalojo.

"El gobernador nos pidió que aceleremos el diálogo y que evitemos cualquier tipo de incidentes y violencia", señaló.

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