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05 | 03 | 2016
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Violencia de género: 3 de 10 acusados incumplen medidas

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Un 34% de las mujeres asistidas señalan que los denunciados no respetan las medidas de protección. Y en uno de cada cuatro casos se denunciaron nuevas agresiones. La mitad de las víctimas tienen entre 30 y 49 años.

Violencia de género: 3 de 10 acusados incumplen medidas
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Un informe de la Defensoría General de la Nación sobre violencia de género arrojó que tres de cada diez acusados incumplieron las medidas de protección y en uno de cada cuatro casos se denunciaron nuevas agresiones.

Las cifras son parte del informe anual 2015 que presentará la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, junto a la Comisión de Temáticas de Género del organismo el próximo 10 de marzo. En promedio, las oficinas otorgan patrocinio a 66 casos nuevos cada mes.

El informe se basa en el trabajo realizado por los Servicios de asesoramiento y patrocinio gratuito y especializado en víctimas de violencia de género.

A partir del análisis sobre 1209 expedientes judiciales en los que se brindó patrocinio jurídico y que se encontraban activos al 30 de septiembre de 2015, el documento refleja las limitaciones de la justicia cuando las mujeres denuncian.

La mayoría de casos son para obtener medidas de protección en el fuero civil con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Del análisis de expedientes surge que tres de cada diez asistidas (34%) manifestaron que los denunciados incumplieron las medidas de protección y que en uno de cada cuatro casos (24%) se denunciaron nuevas agresiones.

En el 42% de las veces, las personas asistidas se encontraban en una situación de riesgo alto o altísimo; en el 41% de los casos, en una situación de riesgo medio, y sólo el 5% de los casos se consideraron como de bajo riesgo o sin riesgo.

En nueve de cada diez casos, ya habían hecho la denuncia en la OVD y habían obtenido al menos alguna medida de protección. Sin embargo, en más de la mitad de esos casos (53%), fue necesario requerir nuevas medidas, las que en su enorme mayoría fueron concedidas (94%).

Estos datos indican la importancia de contar con patrocinio jurídico para la mejor defensa de los derechos de las mujeres.

Además, en más de la mitad de los procesos (54%), la notificación de las medidas de protección otorgadas judicialmente quedó a cargo de la denunciante, lo que burocratiza innecesariamente el trámite y obliga a las víctimas a lidiar con la policía para que las medidas puedan ser efectivas.

Durante el 2015 el servicio de asesoramiento y patrocinio de la Defensoría General de la Nación recibió a 2594 personas. Y en promedio, las oficinas otorgan patrocinio a 66 casos nuevos cada mes.

Las consultas que referían situaciones de violencia de género, en su inmensa mayoría configuran casos de violencia en las relaciones interpersonales (854 casos). También hubo intervenciones en otros tipos de violencia, aunque en menor medida (diez casos de violencia laboral, dos casos de violencia institucional y uno de violencia contra la libertad reproductiva).

El 52 % de las asistidas y el 57 % de los denunciados, tienen entre 30 y 49 años. En el 89 % de las oportunidades, mantienen o mantuvieron una relación de pareja. De esos casos, el 22% de las veces se trata de un vínculo actual, mientras que en el 78 % restante la relación había concluido. El 57% de este subgrupo manifestó que la separación intensificó los episodios de violencia.

En cuanto al nivel de educación formal, se encontró que la mitad de las denunciantes se encuentra en la franja de bajo nivel educativo (comprende primario completo e incompleto y secundario incompleto), con las implicancias en términos de acceso a información y recursos materiales y simbólicos que esto conlleva en términos generales y en el acceso a la justicia en particular.

El 87% de las asistidas son madres y, de ellas, una alta proporción tienen hijos/as en común con la persona denunciada (81% de las madres, 70% del total de asistidas).

Entre las asistidas por el patrocinio, se puede apreciar que solo una de cada tres (34 %) recibe algún programa social, aun cuando son las que sostienen económicamente a sus hogares en la mayoría de los casos (61%).

Resulta llamativo que el 49% de las personas asistidas que se encuentran desocupadas manifestó que no recibe ningún tipo de prestación de la seguridad social. Si a ese dato sumamos que el 40 % del total de asistidas que es el principal sostén económico se encuentra desempleada, la situación de vulnerabilidad económica se vuelve extrema.

Esto sugiere la necesidad de articular las políticas de seguridad social con las de acceso a la justicia de la población históricamente vulnerada.

En más de la mitad de los casos (56%), las consultantes señalan que sus agresores sufren algún tipo de adicción, en general asociadas al consumo problemático de alcohol y drogas.

Sobre la presencia de armas de fuego, el 15% de las mujeres respondió que sus agresores tienen armas de fuego, y el 22% indicó que sus agresores presentan antecedentes penales.

La violencia denunciada muchas veces se extiende a los hijos e hijas. El 71% manifestó que sus hijos/as sufren violencia indirecta (principalmente, aquella de tipo psicológico y físico), y el 52 % afirmó que sufren violencia directa.

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