La medida venció el 31 de diciembre último y el Poder Ejecutivo dispuso no extenderla. Sin embargo, en el Presupuesto Nacional para 2017 figura el costo fiscal del reintegro: 7.500 millones de pesos, contra los 6.077 millones que habían sido presupuestados para 2016; en 2015 fueron 4.500 millones.
La última prórroga de este beneficio había sido dispuesta en abril del año pasado, pero vencido el plazo -el último día de 2016- la extensión del mecanismo no fue publicada en el Boletín Oficial.
El reintegro -que se acreditaba en las cuentas de los consumidores entre el 1 y el 5 de cada mes- comenzó a implementarse en 2001, bajo la presidencia de Fernando De la Rúa.
En ese momento, el objetivo era incentivar la bancarización y limitar las compras "en negro'; incluía una devolución de 3% para adquisiciones con tarjeta de crédito, que se dio de baja. En aquel año, el tope se fijó en mil pesos, y nunca se modificó tras las sucesivas prórrogas.
Como la devolución de IVA era una medida "transitoria", debía ser prorrogada todos los años y regía para bienes muebles o contratación de servicios de consumidores finales.
El Gobierno destacó, empero, el reintegro del 15% por el uso de las tarjetas para jubilados que cobren la mínima, pensionados y a aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo, que sigue vigente hasta el 31 de diciembre de este año para compras de hasta 300 pesos mensuales.