E l sistema educativo bonaerense se instaló en el en centro de la agenda publica provincial ya no como en reiteradas veces a partir de la discusión salarial, sino que lo hizo como se reclama en ocasiones por otras cuestiones que son tan importantes como el salario de los docentes, aunque lamentablemente el costo hace sido la fatalidad de la tragedia.

La dirección, el financiamiento y la administración del sistema de educativo provincial se pusieron en el centro del debate público, sólo eclipsado por ese otro gran debate público nacional que es la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo o simplemente ‘el aborto’.

La puesta en escena del servicio de educación pública, de gestión pública, en la provincia de Buenos Aires, con especial foco en lo que sucede en el conurbano bonaerense, se debía un debate en donde los salarios docentes no estén en el centro de la discusión y los dirigentes sindicales no estén copando la escena, tanto como los funcionarios de turno.

La tragedia, el ‘accidente evitable’, que terminó con la vida de dos educadores, puso en escena como funciona operativamente el sistema con sus distintas fuentes de financiamiento, nacional, provincial y municipal; como así también los estamentos del Estado que intervienen e incluso el significativo rol que los desconocidos, para muchos, Consejos Escolares tienen en la administración de la inversión.

Pues la inversión en Educación en principio representa casi el 30 % de los 630 mil millones de pesos que constituyen el presupuesto 2018 de la provincia. Hablamos de cómo se invierte unos 164 mil millones de pesos al año. También hablamos, ya que estamos con los números, de casi 5 millones de alumnos, 350 mil docentes, 12 mil establecimientos y 18 mil servicios.

En esta misma columna dimos cuenta de la intervención del Consejo Escolar de Moreno el año pasado, no son muchos los Consejos Escolares que se encuentran en esa situación; está también el de Mar del Plata e iba en camino de ser intervenido el de La Plata, que ahora quedó en suspenso.

Al mismo tiempo que se empezaba a discutir leyes de financiamiento educativo en la segunda parte de la primera década de este siglo, los Consejos empezaron a recargarse de tareas y se crearon cargos administrativos contables para dotarlos de capacidades. Por casos los secretario técnicos que al poco tiempo de creados fueron equiparados con el cargo de Director de Línea tal como lo establece la 10.430. Además de sus funciones académicas se recargaban de funciones administrativas.

‘Desde que pusimos el interventor, en octubre del año pasado, se hicieron cientos de intervenciones en las escuelas’, dijo la gobernadora María Eugenia Vidal a modo de defensa de las acciones oficiales en el distrito del oeste y completó ‘la provincia hizo muchas obras en Moreno’, para luego preguntarse ‘¿El municipio que hizo en Moreno?’.

Vidal detalló que el municipio de Moreno que conduce el camporista Walter Festa recibió 275 millones de pesos del Gobierno nacional, para hacer obras o programas educativos. El 80% de esos fondos los gastó en salarios, y el 5% en obras, con lo cual, el municipio de Moreno no hizo obras en las escuelas de Moreno ¿El consejo que hizo? 0 obras hasta que llegó la intervención’.

‘Después de tres auditorías -se detuvo la propia gobernadora- iniciamos una causa judicial contra el Consejo Escolar de Moreno porque de 15 millones de pesos no pudo justificar nada. El consejo decía que le daba de comer a 13 mil chicos pero comían 10 mil. Se quedaban con la plata de la comida de tres mil chicos. En Octubre del año pasado lo intervinimos e hicimos una denuncia y la Justicia está avanzando y hay procesados’.

Las explicaciones de la primera mandataria provincial no casualidad, repasan los montos de algunos de los fondos que se administran a nivel local, en este caso en Moreno, pero que se puede proyectar a otros distritos salvando las distancias. No es que ‘no hay inversión’, hay y mucha plata dando vueltas por ahí y eso es lo que desespera.

La escuela que tuvo la explosión tuvo cinco intervenciones. El 7 de julio se les dio un protocolo a seguir en escape de gas. El día anterior hubo un gasista revisando el gas hasta las 17:30 de la tarde. Cinco veces el Consejo Escolar intervenido y contrató una empresa para instalar estufas y revisar situaciones de pérdida de gas.

Pero los espacios de tensión o crisis dentro del actual sistema educativo de la provincia de Buenos Aires no se concentran en este plano o en un episodio local aislado, hay muchas discusiones que se despliegan en varios tramos, en el contexto de una insipiente reformulación del sistema educativo.

Conflictos abiertos

Podríamos enumerar que la tensión entre el gobierno y los actores del sistema educativo también se dio cuando se decidió introducir cambios curriculares en la Educación Técnica. Desde el gobierno se resalta que en el modelo actual se ofrece a los alumnos de las escuelas técnicas los contenidos de una secundaria común más los talleres.

La nueva propuesta para la Educación Técnica es que los talleres estén integrados, para que toda la formación que reciben los chicos esté atravesada por lo técnico y los prepare para los desafíos de estos tiempos.

Otro punto de tensión no menor es la reorganización de la distribución de los equipos de orientación escolar para poder asistir a aquellas escuelas que no contaban con el acompañamiento de estos equipos, contemplando en todos los casos la cantidad de estudiantes y las complejidades de cada situación.

Para priorizar las condiciones de aprendizaje de los alumnos y promover la atención a los contenidos educativos, se reordenaron los recursos humanos y materiales de la enseñanza desdoblando cursos que asimismo dispararon discrepancias entre los funcionarios y los dirigentes gremiales. Otra crisis del sistema educativo provincial se produjo tras el reagrupamiento de escuelas rurales y de islas. Se detectaron 39 casos puntuales de escuelas rurales, de los cuales 18 no tenían alumnos, 11 tenían 1 solo y el resto menos de 5 alumnos y se operó un reordenamiento.

En las escuelas de islas, en un principio, la DGCyE decidió reagrupar 8 escuelas del Delta pero finalmente través de las mesas de diálogo con familias, gremios y autoridades educativas se revirtió la decisión.

Con el objetivo de optimizar la inversión en infraestructura escolar y agilizar un método operativo para la gestión de proyectos, ejecuciones y controles de las obras que necesitan las escuelas bonaerenses, se disolvió la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). La medida se adoptó luego de que se detectara la superposición de tareas y funciones en distintas áreas entre la UEP y el Ministerio. En ese sentido, a partir de enero de 2018, todas las obras se ejecutan desde la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) y la Subsecretaría Administrativa. Desde el 1º de marzo se dieron de baja 1.715 órdenes técnicos, que permite que docentes se desempeñen en otros cargos jerárquicos, vigentes en las distintas áreas de la DGCyE. Hubo excepciones, se contemplaron los casos en que los directores de las distintas áreas de la DGCyE para que soliciten una prórroga de un OT, pero el criterio prioritario que el docente vuelva a estar frente a clase. Otro frente de conflicto que se abrió recientemente es la implementación de los artículos 109 y 110 del estatuto del docente donde se establece que el personal docente que trabaje en condición de provisional o suplente ‘cesará’ si al finalizar el año no cuenta con título de docente, no sea alumno regular de la carrera de magisterio o no esté cursando la carrera.

Esta medida comenzó a regir desde el 28 de febrero de 2018, si bien no se ponían en práctica desde 2004. Los funcionarios admiten que intentan que los docentes titulados puedan ejercer su profesión y que los alumnos reciban una educación de calidad en todas las escuelas bonaerenses. Pero claro hay una posición tomada de muchos docentes que no resisten ser desplazado por estas cuestiones, e incluso muchos con capacidades comprobadas en las materias requeridas.

Por último consignemos aquí brevemente el conflicto abierto en torno a modificaciones en los bachilleratos de adultos, donde se reorientó la oferta tiene la Provincia para los estudiantes que decidan terminar sus estudios secundarios, al separar a los menores de 18 años de aquellos que son mayores de 18. Desde los gremios acusan al gobierno de pérdidas de servicios y posibilidades, algo que no es aceptado por los funcionarios.

En aquí hemos desarrollados los espacios de crisis que presente el sistema educativo provincial, crisis o conflicto que enfrenta a los funcionarios del gobierno con diferentes sectores del sistema y por sobre todo se trata de reformas que en general no fueron bien recibidas por los gremios en general, pero también es cierto que algunos fueron más resistidas que otras por las organizaciones.

Este es el panorama educativo en la provincia. Y ni siquiera hemos hablado de la negociación salarial, donde la paritaria no pudo cerrarse, hay una conciliación obligatoria en curso, el posible conflicto judicial por el incumplimiento de un gremio de esa conciliación.

Lo que se dice un verdadero conflicto lleno de conflictos menores en una provincia de un país donde hay estudiantes y maestros que intentan aprender y enseñar.

Algunos están pidiendo ‘señales’ que descompriman pero nadie sabe quién dará el primer paso

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