Desde los sectores que intervienen en la operatoria sostienen que para el mes de julio -segunda oportunidad en que se emplea la normativa- se acarrea la inercia inflacionaria de junio.

Mientras la reforma de la Ley de Alquileres sigue estancada en el Congreso por desacuerdos entre los diputados, junio concluirá con otra fuerte suba del orden del 56 por ciento que a su vez deja una fuerte inercia para julio, mes para el que se prevén un aumento récord del 57 por ciento.

Según cálculos de Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), los nuevos contratos se están cerrando con subas de ese nivel. Esto quiere decir que un alquiler que durante todo el período que va de Julio de 2021 a junio de 2022 pagó $50.000, se va a $78.500 a partir de julio de 2022.

"Nunca tuvimos un índice tan alto, por eso lo que estamos planteando en la nueva ley de alquileres es la libre pactación entre las partes y jamás estaríamos pactando en estos valores", señaló Marta Liotto, presidenta de la entidad.

La profesional advirtió que "estos índices son muy altos y muy de golpe, porque implica que si se estuvo pagando durante doce meses prácticamente el mismo importe y de repente se salta a casi el 60% suena muy fuerte para el inquilino tener que atender este pago".

No hay departamentos de 2 y 3 ambientes en alquiler

En diálogo con Diario Popular, Liotto adelantó que "estamos esperando con los brazos abiertos el tratamiento de los dictámenes en el recinto y aspiramos a que prospere el de minoría, que tiene apenas un voto menos que el de mayoría y es el que mejor traduce nuestras expectativas".

"La ley es un auténtico dolor de cabeza y prácticamente no hay inmuebles de 2 y 3 ambientes que se estén ofreciendo. Los monoambientes aparecen de forma esporádica. Si la ley no se modifica en el segundo semestre el escenario continuará complicándose", indicó.

Sin embargo, tras el optimismo inicial una serie de diferencias internas dentro del conglomerado opositor harían frustrar la convocatoria a una sesión especial para debatir la nueva ley de alquileres en el recinto, objetivo que algunos aspiraban a realizar el jueves de la próxima semana.

Según trascendió, desde el socialismo, el Frente de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro no están del todo convencidos con el plazo de tres meses fijado en proyecto opositor como plazo mínimo para actualizar el valor de los alquileres ya que aspiraban a que como mínimo fuera a los seis meses. En la legislación vigente es a partir del año.

Además: Diputados: obtuvo dictamen el proyecto de Ley de Alquileres

Como contrapartida, una quincena de Diputados del PRO se plantó en que no aceptará que el margen sea mayor a los tres meses. Su objetivo original era que no hubiera lapso de tiempo para avanzar con los reajustes, amén de que la mayoría de ellos bregaban por la derogación lisa y llana de la norma aprobada en 2020.

Con este panorama, y a la espera de un nuevo acuerdo entre opositores, quedó abortada, por ahora, la intención de algunos de los bloques de convocar a una sesión especial para debatir el tema el jueves de la próxima semana a las 10.30.

Los dos dictámenes de Diputados

El miércoles pasado un plenario de comisiones emitió dos dictámenes para reformar la ley, uno de mayoría impulsado por el Frente de Todos que propone mantener la actual norma y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas, y otro propiciado por los bloques opositores en el que proponen que los plazos de los contratos sean a dos años y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes.

Más allá de tener más firmas en los dictámenes, la unión de fuerzas opositoras y la concurrencia en el recinto de los bloques que no tienen representación en las comisiones, muestra un escenario en el cual los aliados impondrían en el plenario su número por sobre el del FdT.

Además, los legisladores opositores especulan con que el oficialismo del Senado, si bien dispone de una mayoría más holgada para imponer su voluntad, enfrentaría un fuerte desgaste político si se opusiera al progreso de una reforma muy demorada y reclamada por propietarios e inquilinos mientras el mercado locativo sigue deteriorándose.

El proyecto opositor contó con el apoyo del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) que indicó que "celebra que los bloques opositores hayan contemplado sus reclamos" y destacó que el consenso "recoge las iniciativas que el CPI sugirió a referentes de las diversas fuerzas políticas, y que se expresaron en el Proyecto presentado originalmente por el diputado Álvaro González (CABA) el año pasado".

En tanto, desde las entidades de inquilinos criticaron el dictamen unificado de la oposición. "Desde la Federación de Inquilinos Nacional queremos insistir con esto: la campaña en contra de la ley de alquileres fue para imponer la ley de las inmobiliarias. Cuando decían que estaban preocupados por los inquilinos, juntaban a escribir los proyectos con las inmobiliarias, era para esto", señaló el dirigente inquilino Gervasio Muñoz.

"Mientras tanto, y a pesar de la irresponsabilidad de varios sectores de la política que se han cansado de deslegitimar la ley de alquileres, la ley sigue vigente y debe cumplirse", reclamó.

Muñoz advirtió que "vamos a defender la ley de alquileres hasta el final. Lo que aquí se debate es si el acceso a la vivienda lo decide el mercado o el Estado, si es un derecho o un negocio".

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