Cristina Kirchner y el propio Alberto Fernández ya habían prorrogado el Presupuesto de los años anteriores en 2011 y 2020.

La prórroga del Presupuesto de la Administración Nacional mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) es una opción extrema, pero está contemplada en la ley 24.156 de Administración Financiera y, de hecho, ya fue utilizada en dos oportunidades en los últimos once años.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recurrió a un DNU para prorrogar en 2011 el cálculo de gastos y recursos de 2010, en un contexto marcado por una Cámara de Diputados en la que el recuento de votos para el oficialismo se tornó complicado luego de la derrota en las elecciones de medio término de 2009.

El 10 de diciembre de 2019, en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, el actual presidente Alberto Fernández formalizó la decisión que ya había adelantado días atrás: se valdría de un DNU por considerar que la ley de Presupuesto elaborada por Nicolás Dujovne y presentada ante la Cámara de Diputados por Hernán Lacunza era “un dibujo” que no guardaba relación con la realidad. Hubo que esperar a junio de 2020 para que el Congreso sancionase una ley con la correspondiente ampliación presupuestaria.

Más allá de las coincidencias con las palabras que hoy la oposición le dice al propio Fernández, hay un secreto a voces entre los especialistas en técnica presupuestaria que ningún político se anima a decir en voz alta: es muy difícil trazar una previsión (eso es, ni más ni menos, un Presupuesto) en un país con una economía imprevisible, cualquiera sea el gobierno de turno.

La diferencia entre los proyectos de ley aprobados y los que no consiguieron el aval para su sanción radica más en el número de legisladores de los bloques oficialistas y su capacidad de negociación que en la consistencia de los números presentados por los ministros de Economía.

Un repaso de los proyectos de ley de Presupuesto de las últimas décadas sería la mejor prueba de ello, ya que en ningún caso la ejecución del gasto se ajustó a la autorización que le confirió el Poder Legislativo a los sucesivos gobiernos.

De lo que se deriva que en todos los casos, aun con la ley sancionada, el Poder Ejecutivo recurrió a periódicas modificaciones presupuestarias, ya sea a través de DNUs o por medio de decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete.

Esas modificaciones presupuestarias surgen de la necesidad de retocar una ley de Presupuesto elaborada en base a supuestos macroeconómicos subestimados. Para decirlo en otras palabras, los gastos y los ingresos se proyectan partiendo de una estimación de inflación que, sin excepciones, siempre es inferior a la que efectivamente se genera un año después.

En parte, esa subestimación puede deberse a errores de cálculo o al surgimiento de circunstancias imprevistas. Pero en una economía inflacionaria como la argentina, hay otro secreto a voces: si se anticipa en la presentación del proyecto de ley la inflación realmente esperada, se corre el riesgo de una remarcación generalizada de precios y una profundización de la puja distributiva que echaría por tierra con cualquier programa de gobierno.

De hecho, el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dejó en evidencia que el gasto efectivamente ejecutado a noviembre excede en 2,6 billones de pesos al autorizado en la ley de Presupuesto.

Ese complicado panorama que atraviesa la historia argentina de las últimas décadas se puede subsanar por medio del recurso del DNU, una opción que, por ejemplo, no tienen en los Estados Unidos, que periódicamente cae en el riesgo del denominado “shutdown”, una suerte de “apagón fiscal” que obliga, literalmente, a cerrar la administración federal hasta tanto el Congreso no sancione una ampliación del Presupuesto que le permita al Ejecutivo gastar más que lo autorizado en la ley original. Eso es lo que ocurrió hace dos meses y lo que pasó una veintena de veces en los últimos cincuenta años.

Por estas latitudes, a catorce días del inicio de un nuevo ejercicio fiscal para la Administración Nacional, el escaso tiempo y la relación de fuerzas en el Parlamento dejan a Alberto Fernández con poco margen para evitar volver a recurrir a una prórroga del Presupuesto por DNU.

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