Nueva demanda de tenedores de bonos: reclaman más de $1.000 millones a la Argentina

Los tenedores recurrieron a la Corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C., con la intención de que la Justicia norteamericana reconozca la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Londres. Aquel fallo de primera instancia fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones londinense y la Corte Suprema británica.

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“A pesar de no contar con más vías de apelación, la Argentina no ha presentado a los demandantes ninguna propuesta de pago de las sumas adeudadas conforme a las sentencias dictadas en Inglaterra, ni ha respondido formalmente a las propuestas que le fueron acercadas”, denunciaron los bonistas, representados por el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Hasta el momento, se ejecutó una garantía de unos U$S325 millones que el país había depositado en marzo de 2024 para poder apelar -sin éxito-, pero aún resta cancelar unos U$S1.150 millones. Según explicaron fuentes oficiales tiempo atrás, este es el quinto litigio más relevante para el país en términos del monto a pagar.

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La demanda de los bonistas se basa en un cambio realizado por el Indec sobre el cálculo del nivel de la economía argentina.

Los bonistas se presentaron ante el mismo tribunal norteamericano al que acudió Titan Consortium, el fondo que espera cobrar una indemnización de U$S327 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, ordenada por el Ciadi (el tribunal arbitral del Banco Mundial).

“El programa con el FMI establece como objetivo explícito el retorno al acceso a los mercados internacionales, algo que requiere el respaldo de los acreedores. Pero no debería —ni podría— haber acceso efectivo mientras el país siga incumpliendo las sentencias emitidas por la Justicia inglesa”, advirtieron los abogados de los bonistas.

El origen del cupón atado al PBI

Este bono se utilizó para obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005 y determinó que la Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando su economía creciera anualmente más del 3%, hasta 2035. El país no lo paga desde 2011, cuando dejó de crecer a ese nivel.

La demanda contra la Argentina se centró en el cambio de la base del cálculo del nivel del PBI, realizado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La anterior base de cálculo era de 1993 e incluía una canasta de productos que cada un plazo de tiempo era necesario actualizar. Al hacerlo, la estimación del PBI de 2013 fue menor a la que se proyectaba con la anterior canasta de productos, lo que derivó en los conflictos judiciales con los inversores.

Después de la modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI en ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En aquel momento, el gobierno kirchnerista se ahorró de pagar más de U$S3600 millones de intereses.