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En una asamblea realizada en Sunchales, los empleados de SanCor, agrupados en ATILRA, resolvieron solicitar la quiebra con continuidad productiva.
La crisis de SanCor, una de las cooperativas lácteas más emblemáticas del país, entró en una etapa crítica. Este sábado, en una asamblea extraordinaria realizada en Sunchales, Santa Fe, los trabajadores afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) resolvieron por unanimidad solicitar la quiebra de la empresa, aunque con la modalidad de “continuidad de la explotación” para intentar preservar las plantas y los puestos de trabajo.
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El pedido será formalizado en los próximos días en el Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, a cargo de Guillermo Adrián Vales, donde ya tramita el concurso preventivo de acreedores iniciado por la cooperativa el 3 de febrero pasado. La decisión de los trabajadores se fundamenta en el deterioro económico y laboral que atraviesa la firma, que acumula una deuda preconcursal de $69.000 millones y mantiene compromisos impagos por más de $14.000 millones en los últimos meses.
El sindicato denunció que SanCor adeuda los salarios de abril, mayo, junio, julio y agosto, además del aguinaldo de la primera mitad de 2025. También señaló que la compañía retuvo y no depositó aportes destinados a la obra social OSPIL, la mutual AMPIL y la propia ATILRA, lo que agrava la situación de los empleados. “Se trata de obligaciones alimentarias esenciales e inexcusables, de plazo vencido, que la empresa no cumplió”, remarcó el gremio en un comunicado donde habló de “incumplimientos reiterados”.
La cooperativa, que supo procesar más de 4 millones de litros diarios y emplear a 4.000 personas antes de su crisis de 2017, hoy trabaja apenas unos 300.000 litros a fasón para terceros y cuenta con unos 850 operarios. Pese a sucesivas reestructuraciones, ventas de activos y planes de salvataje frustrados, SanCor nunca logró recomponer su ecuación productiva y financiera.
Entre los antecedentes, en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner frenó un acuerdo con Adecoagro que implicaba el ingreso del magnate George Soros y, como alternativa, gestionó un crédito de 80 millones de dólares de Hugo Chávez. En años más recientes, durante el gobierno de Alberto Fernández, un grupo empresario intentó avanzar con un fideicomiso que también naufragó por falta de respaldo.
El deterioro se profundizó entre 2023 y 2024, cuando un fuerte conflicto gremial redujo al mínimo la producción. Ese escenario desembocó en la presentación del concurso de acreedores, con un pasivo estimado entre 250 y 400 millones de dólares. Pese a los intentos por conseguir inversores, incluidos nuevos contactos con Adecoagro, las gestiones no prosperaron.
La asamblea de trabajadores destacó además que de las más de 2.500 intimaciones de pago cursadas, la empresa no respondió ninguna, lo mismo que ocurrió con los reclamos de OSPIL, AMPIL y ATILRA. Frente a esa inacción, el sindicato resolvió acudir a la Justicia para pedir la quiebra y, al mismo tiempo, instar a que se busquen inversores que permitan sostener la producción y el empleo.
El futuro de SanCor, que llegó a ser un símbolo de la lechería argentina y de la economía cooperativa, queda ahora en manos de una definición judicial. Lo que está en juego no es solo la continuidad de la empresa, sino también el destino de cientos de trabajadores y de una marca que fue emblema de la industria alimenticia nacional.
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