Después de más de medio siglo, Euskadi Ta Azcatazuna dejará de lado la lucha armada. La historia de una revolución independentista que nunca llegó y que con el tiempo perdió legitimidad popular.
- 170 voluntarios serán monitores del histórico hecho.
- A lo largo de los 50 años de acción, ETA provocó 800 víctimas fatales.
- El arsenal cuenta con cientos de ametralladoras, fusiles de asalto, detonadores y explosivos.
Ayer, con un escueto comunicado, el grupo separatista vasco Euskadi Ta Azcatazuna (ETA) se declaró una “organización desarmada”, afirmó que el arsenal del que se ufanó durante años “se encuentra en manos de la sociedad civil” y que está en condiciones de “asumir la responsabilidad política y técnica del desarme”.
Con algo del histórico respaldo con que contó por parte del gobierno francés sobre sí, la agrupación abrió paso a un hecho histórico después de más de 50 años de accionar y más de 800 personas asesinadas. El Partido Popular de Mariano Rajoy, hasta hoy, es el único que se manifestó opuesto al proceso de paz.
La historia de medio siglo y miles de implicados terminará con 170 testigos. ¿Quiénes son? Los voluntarios de la sociedad civil española que monitorean la actividad a lo largo de este sábado, día pautado para la entrega de armas. La organización anticipó que se trata de un arsenal que cuenta con cientos de ametralladoras, fusiles de asalto, detonadores y explosivos, que se estima ochenta veces más grande que el que interceptó la Guardia Civil en diciembre pasado, en Luhuso, la ciudad vasca del Sur de Francia donde se encontraban cinco mediadores que fueron detenidos.
Es imposible no entender a la sociedad ibérica, que mira con ojos ceñidos el desarme definitivo. Pero el contexto, la situación de la organización y el clima de Euskal Herría y sus partidos más radicales acompañan el paso hacia la paz.
La pérdida de legitimidad a lo largo de su historia
La historia del grupo separatista no se acota a los últimos diez años, y mucho menos al momento del desarme. Desde hace ya 30 años, ETA comenzó a sufrir la desaprobación de la sociedad civil vasca, que ya no toleró más la violencia como método.
La recta final de la dictadura franquista, que posó gran parte de su salvajismo sobre el País Vasco y Catalunya, fue un marco aprobatorio ideal para la banda, que comenzó su accionar con el intento de descarrilamiento de un tren cargado de soldados que iban rumbo a San Sebastián para celebrar el 25 aniversario del golpe, el 17 de julio de 1961.
Con cada intervención, la agrupación comenzó a tomar fuerza en la lucha. Adquirió legitimidad de parte de un pueblo que, castigado y ahogado al extremo por una dictadura que abolió desde el idioma hasta los signos patrios y les cambió los nombres a sus ciudadanos, vio en ETA una señal de resistencia.
Pero, fue la misma organización la que fue corriendo su eje y provocando el desprecio de la misma sociedad que la protegió.
Atentados sin sentido, asesinatos a guardias civiles y un método de financiamiento a partir de un “impuesto revolucionario” cobrado a los empresarios y personalidades de la política vasca fueron los primeros signos de la separación.
Hace un año, en una investigación realizada por la Audiencia Nacional española determinó que, entre implicados directos e indirectos, la banda había amenazado a 10.000 ciudadanos para poder solventarse. Hacia los años 80, la agrupación había provocado la diáspora más grande de vascos, que hasta el momento se ubicaba entre Argentina y Venezuela.
De manifestaciones escasas se pasó a marchas multitudinarias en las que miles y miles de personas, sin distinción entre españoles y vascos, se manifestaban en contra del accionar de la banda.
Los años 90 encontraron a la banda dos veces descabezada por distintos operativos realizados por la Guardia Civil Española y definitivamente radicada en las tres provincias vascas que se ubican en Francia.
Cerca del cambio de milenio, ETA comenzó a dar muestras de agotamiento. Con los partidos políticos que la secundaban proscriptos, hundida en las tensiones internas entre el sector que pugnaba por una salida política y el sector que sostenía que el accionar militar era lo que sostenía la autoridad de ETA en el mapa político, la agrupación comenzó a resquebrajarse.
La cantidad de adeptos e ingresos a sus filas comenzó a bajar, el financiamiento marcó su pico más bajo y su frente de batalla se diversificó: desde el presidente español José María Aznar (1996-2004), uno de los más férreos opositores a los acuerdos de paz, hasta el juez Baltasar Garzón, que nunca distinguió entre etarras y simpatizantes de la independencia a la hora de encarcelar vascos para ensalzar su nombre, hasta los muchos partidos que pugnaban por la autonomía.
Con ese aval, el gobierno español se adjudicó el derecho de intervención sobre la sociedad vasca toda, por entonces sospechada de etarra. Cerraron medios de comunicación, comercios, encarcelaron empresario, docentes y médicos, clausuraron asociaciones y anularon partidos políticos independentistas, todo en nombre de la lucha contra ETA.
En menos de diez años (1995-2005), ETA fue la excusa para la destrucción del nacionalismo en Euskadi.
Acorralada política y militarmente, desfinanciada y seis veces decapitada en los últimos diez años, la organización comenzó a dar muestra de rendición y abrió paso a un periodo de diálogo y negociación. Muchas veces cuestionados por la cantidad de intentos fallidos, deslegitimados por los familiares de las víctimas del terrorismo de ETA, los acuerdos se fueron sucediendo y fracasando hasta que en 2010, en un comunicado entregado al diario Gara y a la BBC, la organización aseguró:
No era otra cosa que admitir que el pueblo vasco le había dado la espalda y que, año a año, el PNV perdía votos, que los valores del nacionalismo y la autonomía no se sostenían como antes, y que la izquierda abertzale -izquierda nacionalista-, ya los veía como un obstáculo.
El 20 de octubre de 2011 ETA presentó “el cese definitivo de su actividad armada” y en enero de este año llamaron al “desarme unilateral y voluntario” que hoy, en distintos puntos de las provincias vascas ubicadas en Francia, se lleva a cabo con 170 voluntarios, en presencia de funcionarios franceses y españoles y las organizaciones mediadoras que facilitaron la finalización de un procesos de 50 años que comenzó como una respuesta a una dictadura salvaje y terminó como la burocracia del terror contra los mismos intereses que decía defender.
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