Alertan a jubilados por cobros ilegales de médicos y clínicas

La situación fue visibilizada a través de un contundente dictamen de Alejandra Gils Carbó, titular de la Procuración General de la Nación, donde explica que "las exigencias ilícitas conocidas comúnmente como cobro de plus comportan una práctica sistemática que afecta a gran parte de los beneficiarios de los servicios que presta PAMI, generando en ellos una indebida incertidumbre acerca de la atención médica que costea la obra social y la amenaza de no ser atendidos a pesar de tener derecho a una prestación gratuita".

Acerca del tema, Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que "los casos que se abren por esta problemática son centenares, y se trata de un accionar perverso de los prestadores, que tiene como finalidad quitarle a los afiliados, que constituyen un sector vulnerable de la sociedad, parte de sus ingresos, cuando la ley es clara y tienen derecho a una atención totalmente gratuita".

En un informe publicado en el portal de la Procuración General de la Nación, se pone de ejemplo que los "cobros plus" están discriminados y tarifados. Así, a las consultas le suman 10 pesos, por cada receta los jubilados y pensionados están obligados a pagar 20 pesos, y finalmente se pueden pedir hasta 10.000 pesos para tener acceso a una operación de cataratas. Todo es una estafa, para el afiliado, pero también afecta al PAMI, ya que el organismo abona a sus prestadores por los servicios que brinda.

"Los jubilados (víctimas de este tipo de maltrato institucional de parte de profesionales y establecimientos médico-asistenciales) sufren un condicionamiento para acceder a los servicios ofrecidos. La práctica consiste en exigir el pago de una suma de dinero extra en base a argumentaciones que no se ajustan a la realidad, como la no cobertura de la atención práctica requerida o la falta de pago por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Así, estos actores abusan de la confianza y vulnerabilidad de los adultos mayores", sostiene el texto que se puede leer en la página Fiscales.gob.ar.

Al brindar mayores detalles sobre la modalidad fraudulenta, se afirma que "el accionar alcanza a numerosos servicios médicos, sociales y especiales: al momento del otorgamiento de turnos al paciente, consultas, realización de estudios de laboratorios, exámenes de alta complejidad, intervenciones quirúrgicas y provisión de prótesis".

"Frente a esas situaciones, los afiliados se ven obligados a abonar un servicio o práctica que, en la mayoría de los casos, está cubierta íntegramente por la obra social nacional. En algunas situaciones ocurre que el médico involucrado cobra dos veces por la prestación brindada: un pago exigido ilegítimamente al afiliado y el otro abonado por PAMI, que para ello utiliza fondos públicos provenientes del Tesoro Nacional, de aportes de los trabajadores en actividad y de los jubilados", se explica en el informe.

Todas estas situaciones ilegales son recepcionadas por una fiscalía especializada que investiga estos delitos, a cargo de Pablo Piqué. "Las conductas identificadas por la Unidad Fiscal no solamente afectan a los destinatarios directos de la atención, sino que repercuten negativamente en el acceso a la cobertura de los servicios de salud declarados de interés público por la Ley 19.032 de creación del instituto previsional", se argumenta desde la Procuración.i