El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Jorge Ponce, quien, tal como fija el protocolo, llegó acompañado de personal especializado del Ministerio de Salud de la Ciudad y de la AGC.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió clausurar un geriátrico en el barrio de Villa Devoto y la justicia porteña ordenó el desalojo de los 4 adultos mayores que vivían allí, luego de una inspección ocular ante la posibilidad de que una de las residentes estuviera afectada por coronavirus, informaron fuentes judiciales.

"El personal sanitario va a definir según los protocolos dónde son los traslados de las personas. El lugar no estaba habilitado, era ilegal. No se podía esperar más que las personas estén ahí adentro", explicaron a Télam fuentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

"La clausura se había dado el 6 de marzo por no contar con la habilitación para funcionar y se ratificó", explicaron a Télam fuentes de la AGC.

El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Jorge Ponce, quien, tal como fija el protocolo, llegó acompañado de personal especializado del Ministerio de Salud de la Ciudad y de la AGC.

Los funcionarios decidieron que ingresara al geriátrico, ubicado en Allende 2934 del barrio porteño de Villa Devoto, solo personal de Investigaciones Judiciales con el equipo que marcan las medidas sanitarias.

En la inspección se determinó que una de las residentes, mayor de 80 años, tenía temperatura corporal superior a los 38 grados y, por lo tanto, se decidió aplicar el protocolo coronavirus y fue trasladada.

Además, el fiscal Ponce corroboró la "falta de habilitación" de la residencia y "una posible violación de clausura".

"A medida que avance la investigación podremos determinar si, además, hubo abandono de personas e irregularidades con los protocolos implementados", señaló Ponce más temprano.

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, explicó a través de un comunicado que, de comprobarse que existió abandono de persona o se puso en riesgo la salud de los ancianos internados, la responsabilidad penal caería sobre los dueños del emprendimiento, con penas de hasta 6 años de prisión.

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