Las organizaciones de inquilinos denunciaron que inmobiliarias y dueños presionan para que se autoricen las mudanzas y así poder desalojar los inmuebles en plena pandemia

En medio de una extendida situación de impago de alquileres por la crisis derivada de la pandemia, las organizaciones de inquilinos denunciaron que inmobiliarias y dueños presionan para que se autoricen las mudanzas y así poder desalojar los inmuebles. ‘Hay 40.000 mudanzas potenciales solo en Capital y un desastre sanitario en ciernes si eso se produce’, advirtió la Federación de Inquilinos.

Desde la entidad señalaron que ‘el mercado inmobiliario quiere que se habiliten las mudanzas a mansalva, para que quede nulo el cumplimiento del Decreto 320/20 (prórroga de contratos, suspensión de desalojos, congelamiento de alquileres, etc) y empezar a desalojar de forma ilegal a millones de inquilinos’.

Según el colectivo de locatarios, ‘las inmobiliarias y los propietarios presionan para que aquellos que no pueden pagar el alquiler se vayan a casa de familiares o a la calle’.

‘Sólo en Capital Federal, hay 40 mil mudanzas potenciales. Si se permiten todas juntas, sería un desastre desde el punto de vista sanitario’, expresaron desde la Federación de Inquilinos Nacional. Y agregaron: ‘el mismo problema ocurre en provincias como Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Chaco, y Provincia de Buenos Aires, en donde la situación de contagio es realmente complicada’.

Las entidades de inquilinos denunciaron que ‘se está produciendo una silenciosa política de desalojos, en hoteles, pensiones, habitaciones de vivienda familiar y miles de inquilinos reciben la presión para que no adhieran a la prórroga del contrato’.

Según la Federación ‘los inquilinos son conminados a firmar contratos nuevos con aumentos abusivos y comisiones inmobiliarias que no corresponden’ y por otra parte ‘las inmobiliarias los amenazan con subir el precio luego de octubre, con los aumentos que no pudieron concretar en estos seis meses, cuestión que tendrá un drástico impacto en el bolsillo de cada familia’.

‘En nombre de los 9 millones de inquilinos de todo el país’, la entidad representativa dirigió una carta a la ministro de Hábitat y Vivienda, María Eugenia Bielsa, en la que le reclamaron una postura más activa en defensa del cumplimiento del decreto 320/20, la extensión del mismo por 24 meses y el urgente tratamiento de la Ley de Alquileres en el Congreso de la Nación.

‘Necesitamos un organismo del Estado que controle. A pesar de que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación ha manifestado públicamente que no pueden cobrarse 2 alquileres y que existen artículos del Código Civil y Comercial que dan soluciones a la mayoría de los conflictos, se presiona a los inquilinos a mudarse’, señaló Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados.

El dirigente consideró que ‘la falta de una institución pública que tenga un poder de policía para cumplir estas disposiciones crea una salida que nos perjudica y le es funcional a los intereses de las Inmobiliarias.’

De todas formas, la organización que nuclea a los inquilinos presentó un protocolo para permitir mudanzas en donde peligra la vida de personas (sobre todo violencia de género), o hay cuestiones de salud.

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