Escándalo en Concordia: el teatro Odeón podría cerrar por una enorme demanda laboral

El caso salió a la luz tras una auditoría interna de libros contables, actas y recibos de sueldo. Según explicó la abogada Analía Cardozo, representante de la actual comisión directiva, habrían detectado haberes por encima de lo fijado por convenio, sin documentación que justificara los adicionales.

Las actuaciones alcanzan a Fernanda Aragón, exadministradora de la entidad, y a su padre, quien ocupaba la presidencia. La nueva conducción presentó denuncias para que se determinen eventuales responsabilidades por las decisiones administrativas bajo cuestionamiento.

De acuerdo con Cardozo, las diferencias salariales se remontarían a 2016. “Nos dimos cuenta de que había una irregularidad en los salarios, es decir, se estaban pagando salarios fuera de lo que establece el Convenio Colectivo de Trabajo, pero muy para arriba”, afirmó.

Uno de los puntos centrales es la falta de registros que acrediten la aprobación de los incrementos. “Lo que más nos llama la atención es que no estaban los libros escritos de que se autorizara ese aumento de adicionales que figuran en los recibos de sueldo”, señaló la letrada. La Justicia deberá establecer si hubo irregularidades y quiénes intervinieron.

En paralelo, la exadministradora inició un reclamo tras considerarse despedida y exigir una indemnización. Según la abogada, la suma reclamada superaría el equivalente a un millón de dólares al valor actual. No se difundieron el detalle de la liquidación ni los montos salariales involucrados.

Cardozo también explicó que la representación legal tomó el expediente cuando el litigio ya estaba en curso. “Nosotros tomamos el caso después que estaba la estrategia pensada, o por lo menos eso creíamos”, manifestó. Además, distinguió el reclamo por despido indirecto de otro vinculado con un accidente laboral, correspondiente al ámbito de la ART.

El impacto económico también preocupa a la comisión directiva, que asumió en marzo de 2026. Los adicionales podrían haber incrementado las cargas sociales y otras obligaciones. “Con ese desfasaje de salario empieza a generarse mayores deudas, es decir, mayores obligaciones”, sostuvo Cardozo. La institución ya registraba problemas de liquidez hacia fines de 2024, un escenario que ahora se ve agravado por el conflicto. Las denuncias aún deben ser esclarecidas y no implican que las conductas señaladas estén probadas.