Fentanilo contaminado: son 124 las muertes bajo investigación

El juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., al considerarlo coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales que provocó la muerte de 20 personas. El fallo, de más de 400 páginas, señala además que García Furfaro habría intervenido en la toma de decisiones sobre la fabricación, distribución y venta del lote 31202, destinado al uso sanitario público.

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Según los datos incorporados en el expediente, se registraron 54 fallecimientos en la provincia de Buenos Aires, uno en la Ciudad de Buenos Aires, 50 en Santa Fe, siete en Córdoba y tres en Formosa. El documento precisa que a los 20 decesos atribuidos directamente al accionar de los laboratorios se suman decenas de casos en investigación por posible vinculación con el brote.

Junto al empresario fueron procesados con prisión provisoria otros responsables de la firma, entre ellos Diego Hernán García (en arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi. Otros ocho acusados recibieron procesamiento sin prisión preventiva, aunque todos quedaron alcanzados por embargos millonarios que en algunos casos llegan a los 100 mil millones de pesos.

Diputada apunta a la ANMAT

La gravedad del caso y las irregularidades detectadas en los laboratorios derivaron también en un fuerte cuestionamiento político. La diputada nacional Mónica Fein, presidenta de la Comisión Investigadora del Fentanilo, acusó directamente a la ANMAT de no haber ejercido los controles necesarios. “Las fallas venían de antes y el organismo no controló. Fue el juez el que actuó con mayor celeridad, detectando un segundo lote contaminado y malas prácticas de elaboración que se daban desde hacía años”, denunció.

En declaraciones radiales, Fein señaló que el informe del organismo de control fue “parcial, incompleto y desordenado” y que incluso fue la Justicia la que impulsó la búsqueda de otros lotes contaminados. “La ANMAT solo se limitó a pedirle al laboratorio que retirara los productos, pero no verificó que esa acción se cumpliera”, enfatizó.

La legisladora recordó antecedentes previos que daban cuenta de irregularidades graves en la firma, como el episodio de 2016 en el que explotó una caldera en una planta de Ramallo y dejó varios heridos. Según Fein, el propio organismo había marcado malas prácticas de fabricación en informes de 2021 y 2023, sin que se tomaran medidas preventivas.

La Comisión Investigadora del Congreso comenzará su trabajo el próximo martes con la declaración de familiares de las víctimas, para luego solicitar información detallada a la ANMAT y al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). El objetivo será establecer responsabilidades políticas y administrativas sin interferir en el curso judicial.

“La crisis demuestra que el problema es sistémico. Hay que mejorar los procedimientos y garantizar la trazabilidad del fentanilo y otros opiáceos, para que no se pierdan ni se adulteren antes de llegar al paciente”, sostuvo Fein, quien resaltó el compromiso de todos los bloques parlamentarios para dar una respuesta integral.