Uno de los problemas económicos que provocó la pandemia por el coronavirus está en los alquileres y en uno de cada 8 inquilinos se agrava más al acumular una deuda de hasta 3 meses.

Uno de cada cuatro inquilinos del Área Metropolitana no puede pagar julio y la mitad de ese universo con problemas para hacer frente al alquiler, es decir un 12,2 por ciento, ya acumula hasta 3 meses de falta de pago, reveló Gervasio Muñoz, titular de la asociación Inquilinos Agrupados.

En diálogo con este diario, Muñoz explicó que ésta es la situación que refleja la última encuesta de realizada por la entidad, cuyos resultados se van difundir en los próximos días.

‘Hay una situación muy grave en el AMBA por la cual uno de cada 4 inquilinos no puede pagar julio y de ese 25% la mitad (12,2%) viene acumulando una deuda de alquileres de hasta 3 meses’, señaló Muñoz.

Por el momento, los desalojos están prohibidos y los alquileres congelados por el decreto 320 que publicó el Gobierno a fines de marzo y que se extiende hasta el 30 de septiembre. ‘Pero las inmobiliarias están con el cuchillo entre los dientes esperando el 1° de octubre’, advirtió Muñoz.

Más allá de esa situación, que tendrá un desenlace dentro de dos meses, el dirigente inquilino describió un actualidad conflictiva entre locadores y locatarios con deuda acumulada y sin plan de financiación a la vista.

‘Hay mucha gente, un 60 % de los entrevistados, que se encuentra en la informalidad laboral, que no percibe ATP, ni IFE ni créditos a tasa 0 por lo que se ha empobrecido y afronta un serio problema habitacional’, indicó Muñoz.

‘En ese contexto la relación con el propietario se endurece y los conflictos se profundizan’, describió Muñoz

Además, según el dirigente, el 96% de los entrevistados dijo que la nueva Ley de Alquileres no se está cumpliendo, lo que involucra varias de sus disposiciones pero en especial aquella que ordena el registro de los contratos en la AFIP.

‘En esa situación de precariedad y emergencia los inquilinos sienten que el Estado no los ampara’, dijo Muñoz que destacó que el 98 % de los encuestados dijo que fallan los controles sobre las inmobiliarias.

En este sentido el dirigente denunció que ‘las inmobiliarias obligan a los inquilinos a firmar contratos con fecha anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley para tratar de evitar sus disposiciones y están aumentando los precios’.

‘El mercado inmobiliario necesita que nos convenzamos de que esta ley es peor para los inquilinos y que es de imposible cumplimiento’, consideró Muñoz que reclamó la urgente reglamentación del registro de los contratos en AFIP.

‘Es la manera de transparentar un mercado que vive en las sombras. De esa manera sabremos cuándo hay una jubilada que obtiene una módica renta de su inmueble y cuándo se trata de poderosos intereses concentrados y se podrán diseñar políticas diferenciadas’, agregó.

Por último, el titular de Inquilinos Agrupados recomedó recurrir a los organismos oficiales para conocer los efectivos derechos de los locatarios, entre los que mencionó a la Secretaría de Hábitat bonaerense, el Ministerio de Desarrolo Humano porteño y el de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

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