El costo es de 490 pesos para retirar el auto, que se suma a la posterior multa por supuesto mal estacionamiento. Vecinos y organismos denuncian un “negociado oscuro” que no aporta dinero a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Cualquier persona que estacione un vehículo en la Ciudad de Buenos Aires sabe que tiene grandes chances de sufrir en carne propia el sistema de grúas de acarreo, que se llevan un rodado cada dos minutos.

Aunque la argumentación de las autoridades del gobierno porteño es que así se desalienta la utilización de automóviles en el centro, la realidad es que se trata de un "oscuro negociado", con licitación vencida desde hace 15 años y una recaudación de 24 millones de pesos mensuales destinados a dos empresas privadas, sin beneficio alguno para los ciudadanos porteños.

En diálogo con Diario Popular, Juan Chavarri, titular de la ONG No Al Parquímetro, sostuvo que "este negocio corrupto de las grúas es absolutamente increíble, y ahora observamos que ni siquiera se habla del asunto, cuando estamos denunciando que cada empresa concesionaria levanta cada una 10.000 autos de manera mensual".

La polémica por este sistema se remonta al año 2001, cuando se venció la licitación a las compañías Dakota SA y BRD SAICFI, que manejan el acarreo y la cobranza cuando los conductores van a retirar sus vehículos a las playas, actualmente con un monto de 490 pesos (luego se debe enfrentar la multa por el supuesto mal estacionamiento). Desde aquel momento, ambas firmas reciben prórrogas irregulares del Poder Ejecutivo porteño.

La propia Defensoría del Pueblo porteña emitió sobre el asunto un dictamen durísimo, pero ignorado por el gobierno porteño, alertando que se realiza transgrediendo las normas y violando el derecho de propiedad de los ciudadanos. Además señaló que el dinero recaudado no ingresa a las arcas del fisco de la Ciudad de Buenos Aires. "Por cada persona que está obligada a pagar para que le devuelvan el auto, esta gente recibe 490 pesos, y ni un sólo peso termina en las arcas del gobierno porteño que ahora dirige Horacio Rodríguez Larreta. Aún cuando la cuestión se visibilizó y sabemos cuáles son las empresas que recaudan ilegalmente millones de pesos, no se modificó nada. Para peor, cada vez se llevan más vehículos, actualmente unos 20.000 por mes. Total, nadie los controla", dijo Chavarri.

Un dato: cuando el actual presidente Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno porteño, en 2008, el monto a pagar para recuperar el auto acarreado era de 54 pesos, por lo que la suba es de casi del 1.000 por ciento. "El Pro hizo campaña hablando de las irregularidades del Estado, de los negociados y la corrupción. ¿Hay algo más oscuro que esto de las grúas?", se preguntó el integrante de la organización vecinal.

En el mencionado dictamen de la Defensoría del Pueblo se explica en detalle que la normativa vigente en torno a la remoción de los vehículos es transgredida por las empresas a cargo del acarreo. Es que los vehículos sólo pueden ser removidos por grúas si resultan 'peligrosos o constituyen un obstáculo para la circulación', requisitos que exige el Código de Tránsito y Transporte. 'Ello sin dejar de mencionar que estos valores no ingresan a las arcas del fisco, sino que son ingresos netos que reciben las concesionarias, con lo cual no forman parte del presupuesto ni son destinados al bien público', agregó el texto.

Pero hay más. "El gobierno porteño no recibe un peso de la recaudación por los acarreos, y encima destina agentes de tránsito que acompañan a los empleados de las grúas. Se trata de 800 agentes, cuyos sueldos pagamos los porteños, como un regalo para las firmas concesionarias. Es como si yo me pusiera un kiosco, y como no lo puedo atender, le pido a Larreta que me regale un empleado. Bueno, en este caso les regalamos 800 personas", explicó Chavarri.


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Ley obligaba a estatizar el servicio en 2012

"Es muy grave la secuencia de las empresas que lucran con nuestro dinero sin control alguno. Nosotros llevamos el tema a la justicia, que nos dio la razón, pero todo siguió igual. También se logró una ley, con el número 4.003, para regularizar la cuestión de parquímetros y grúas en la ciudad. Allí se obligaba al Poder Ejecutivo porteño a estatizar el servicio en noviembre de 2012, sin echar a ningún empleado. Pero tampoco se cumplió", contó Juan Chavarri.

Para el vecino, "esta ley, que fue consensuada por legisladores de distintos bloques y vecinos de la ciudad, permitiría que la cantidad de millones recaudados por las grúas tengan una finalidad concreta en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos, mediante obras, y no como desde 2001 que sólo beneficia a dos empresas privadas".

Finalmente, el denunciante indicó que "todos quienes pedimos que el servicio de grúas lo maneje el Estado, o al menos se lleve adelante de forma privada pero legalmente, sospechamos que hay sobres para quienes permiten que este sistema nefasto continúe operando con absoluta impunidad, robándole la plata a la gente".

¿Qué dice el Ente Regulador Porteño?

Respecto al acarreo de vehículos infractores, cabe aclarar que entre Viamonte (incluida) hacia el Norte de la CABA, corresponde a la empresa STO (Dakota) y la dirección para retirar el vehículo es la playa de estacionamiento de infractores ubicada en Eduardo J. Couture y Francisco Romero.

Entre Viamonte (excluida) hasta Av. Rivadavia (incluida) corresponde a la empresa SEC (BRD) y el lugar para retirar el vehículo es la playa subterránea ubicada en Carlos Pellegrini y Sarmiento.

Desde la Av. Rivadavia (excluida) hacia el sur de la CABA también corresponde a la empresa SEC, el lugar para retirar el vehículo es la playa de estacionamiento para infractores ubicada debajo de la Autopista 9 de Julio, entre Av. Juan de Garay y Bernardo de Irigoyen.

En el momento del acarreo la autoridad de aplicación, cuando las circunstancias lo ameriten, dispondrá la fijación de una etiqueta adhesiva sobre el cordón de la vereda, en el lugar donde se hallaba estacionado el vehículo, informando que el mismo ha sido remitido a la playa de guarda de vehículos acarreados.

El automóvil acarreado lo podrá retirar el titular o un tercero, presentando DNI, cédula o pasaporte y la documentación del automóvil (cédula verde o azul).

No se deberá abonar la multa en la playa de acarreo. La multa será enviada por la Policía Federal al domicilio del titular. Al retirar el auto, se le deberá notificar al titular la existencia de la multa, otorgándosele una copia. Además se le deberá entregar un acta de verificación en la que deberá constar que el vehículo no sufrió daños.

En caso de que se hubiere producido algún daño, correrá a cargo de la empresa concesionaria, ya que deberá contar con un seguro de responsabilidad civil. Si esto no sucediera y la empresa no respondiere en caso de haber cometido algún daño al vehículo, el usuario deberá asentarlo en el libro de quejas de la playa de acarreo y luego podrá dirigirse al Ente para efectuar el reclamo correspondiente. La nota en el libro de quejas servirá como constatación para la prosecución del reclamo ante el Ente.

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