La justicia Contenciosa Administrativa de La Plata aclaró este jueves que diez personas que aparecen como muertas en las inundaciones del 2 de abril 2013, en una nómina adicional que eleva de 89 a 99 los fallecidos y cuyos familiares estarían en condiciones de cobrar una indemnización de 300.000 pesos, "no figuran en la lista oficial por no haber sido víctimas" de esa tragedia en la capital bonaerense.
El juez Luis Arias salió así a responder la denuncia de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación (Afavi), de que en una lista de personas en condiciones de cobrar la indemnización de la Municipalidad local figuran diez muertos que no constan en la que elaboró la justicia.
El titular de Afavi, Gabriel Coalutti, precisó que se trata de un listado elaborado por la gestión del ex intendente de La Plata, Pablo Bruera, a la que accedieron días atrás tras pedírsela al actual jefe comunal, Julio Garro, a fin de chequear qué familiares de víctimas estaban en condiciones de acceder a ese subsidio.
Según la investigación del juez Arias, el temporal que en 2013 inundó gran parte de la capital provincial dejó 89 muertes, aunque reconoció también las otras 16 víctimas "dudosas", es decir cuyo deceso no podía atribuirse de manera terminante a ese fenómeno.
"Bruera, al elaborar esta lista de víctimas cuyas familias están en condiciones de cobrar la reparación económica, de algún modo reconoce 10 fallecidos nuevos, porque hay 10 nombres que no están en la lista oficial de Arias. Todo es muy raro, muy extraño", aseguró Colautti, cuyo padre murió ahogado aquel 2 de abril.
"Es increíble que no haya habido conexión entre estos estamentos, el municipal y el judicial, al momento de elaborar este listado de víctimas", remarcó Colautti y apuntó que "de los 16 casos de muerte dudosa que apunta Arias, hay 2 o 3 nombres que sí figuran" en la lista de Bruera.
Arias destacó que "muchas de las personas individualizadas" en esa nómina no murieron por la inundación, según la documentación y registros existentes en los distintos organismos estatales y que han sido relevados por el juzgado a su cargo.
Como ejemplo citó el caso de Ángel Ricardo Maiori, que murió en 2006 siendo su viuda María Beatriz Velinzas, "quien sí fue reconocida como víctima de la inundación". Y el de Johanna Romina Acuña, "fallecida el 1 de abril de 2013 -el día previo a la tormenta- en el Hospital San Martín, a causa de 'quemaduras graves', conforme al certificado de defunción".
También mencionó a Dora Esther Martínez, de 85 años, quien falleciera el día 2 de abril de 2013 a las 6 de la mañana, varias horas antes del evento climático, siendo la causa consignada en su certificado de defunción, una "insuficiencia cardíaca".
En los otros casos denunciados por Colautti "no surge de las constancias judiciales la vinculación entre su fallecimiento y la inundación, razón por la cual, a pesar de haber sido considerados, fueron excluidos de la investigación", sostuvo el juez.
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