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El juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias consideró que, entonces, la Provincia no debería descontar los días de paro.
El juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Federico Arias, recordó este martes que la huelga es un derecho constitucional que no puede tener ninguna penalidad, por lo que la Provincia no debería descontar los días de paro a los docentes bonaerenses.
“El derecho a huelga es constitucional, no puede tener ninguna penalidad”, subrayó Arias, quien había emitido un fallo ordenando al gobierno de María Eugenia Vidal que devuelva los descuentos efectuados por huelgas del año pasado.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires, integrada por los jueces Juan De Santis, Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel, contradijo a Arias y autorizó al Gobierno bonaerense a descontar los días de paro. A pesar de que una instancia superior revocó su resolución, Arias sostuvo este martes en declaraciones a Radio 10 que “la huelga docente no puede tener consecuencias como el descuento de salarios”.
Arias opinó que “cuando uno se toma licencia, cobra” y que en consecuencia, “no siempre el sueldo es contra la prestación de un servicio”, por lo que “si la huelga no es ilegal, no tiene por qué tener consecuencias”. En línea con Arias, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 4 resolvió dar curso el lunes a la presentación realizada por el gremio Udocba que ordena a la administración provincial restituir lo descontado en la medida de fuerza del 1 y 2 de agosto 2016.
La jueza en lo Contencioso Administrativo María Ventura Martínez dio nuevamente curso a la demanda iniciada por ese sindicato para que no se les apliquen los descuentos.
Además, puso bajo apercibimiento la aplicación de multas de 1.000 pesos diarios “por cada día de demora”, de hacerse efectiva esa responsabilidad por parte del Director General de Escuelas, Alejandro Finocchiaro y los funcionarios responsables.
Esta última causa se sumó a la que había sido iniciada el año pasado a raíz de los descuentos que se le aplicaron a un grupo de trabajadores auxiliares de educación, a partir de una presentación conjunta realizada por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y de la Minoridad (SOEME) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), tras un paro en medio de la negociación salarial de 2016.
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