
Juan Alberto Puiggiari, arzobispo de Paraná (Entre Ríos), elaboró un protocolo de actuación para “prevenir y concientizar” sobre “la gravedad que revisten los abusos a menores de edad”, que establece normas y prohibiciones para los curas.
Se trata de dos documentos titulados “Normas arquidiocesanas de comportamiento en el trato con menores de edad y adultos vulnerables” y “Protocolo arquidiocesano de actuación ante la sospoecha o descubrimiento de abusos sexuales”.
Entre las reglas que establecen figuran la prohibición de estar a solas con chicos, recorrer grandes distancias con ellos o mantener reuniones en dormitorios o habitaciones privadas, los castigos físicos o el uso de lenguaje humillante o degradante, realizar cualquier insinuación, comentario o chiste sexual, poseer o exhibir cualquier material sexual o pornográfico y hasta consumir alcohol o drogas.
A su vez, recomiendan "ejercer extrema prudencia en los medios audiovisuales que se utilicen" y evitar "expresiones de afecto exageradas".
Por otro lado, se establece que la confesión debe hacerse en lugares y horarios específicos y la puerta de la sacristía debe permanecer siempre abierta "asegurándose de alguna manera la posibilidad de ser vistos en todo momento".
También prohíben "dar o recibir regalos personales o desproporcionados" y cualquier tipo de contacto físico.
En cuanto a una denuncia de abuso que reciba un sacerdote, el protocolo , en consonancia con establecido por el Vaticano al respecto, indica que "todos tienen la responsabilidad de proteger a los menores o adultos vulnerables", incluyendo a "quienes trabajen en ámbitos eclesiales".
En ese sentido, al recibir información por parte de un menor el cura "deberá escucharlo sin interrogarlo ni emitir juicios, agradecerle su confianza y valentía y explicarle que la información será tratada con gran cuidado y discreción, tomando nota de lo conversado". Además "deberá inmediatamente poner la noticia en conocimiento de superiores y de los padres, tutores, curadores o apoyos".
En cuanto a los sacerdotes acusados, se los “separará de sus oficios”, aunque esto no implica la “admisión de culpabilidad”.
Este protocolo es inédito en la República Argentina y muchas otras partes del mundo, y fue elaborado justamente por un arzobispado que se vio salpicado en los últimos años por una serie de denuncias, entre ellas las del cura Justo José Ilarraz, quien fue acusado de abusos entre 1985 1993 y que será juzgado a partir del 16 de abril.