De acuerdo a la Justicia, hay numerosas irregularidades en la actividad de las tres empresas y las intima a que den cumplimiento a las normas legales vigentes. En este marco, hace un llamado de atención por la precaria situación laboral de los repartidores y sus ingresos.

Un relevamiento realizado por la Policía de la Ciudad, pedido por el propio juzgado, de más de 400 ciclorodados, el 77% circulaba con el portaobjetos cargado en su espalda; el 70% desempeñaba tareas sin seguro alguno; y por último, un 67%circulaba sin casco.

Gallardo además, exigió que las firmas diseñen y ejecuten un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores, que compense la reducción de sus ingresos hasta tanto se normalice la situación, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

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Incluso, el ministerio de Salud de CABA agregó información al expediente y constató que en un mes se atendieron 25 víctimas de accidentes en la vía pública, mientras desempeñaban su tarea de delivery.

En el expediente, Gallardo argumenta que “es necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código y en su decreto reglamentario, al menos en lo atinente a utilización de casco, de luces reglamentarias, y en caso de llevar caja portaobjetos, que la misma se encuentre asegurada al vehículo, así como existencia de seguro y de libreta sanitaria en caso de transporte de sustancias alimenticias (artículos)”.

Además, indicó que “frente al hecho de que cualquier medida que se adopte resentirá el ingreso que perciben los trabajadores de mensajería. Situación que golpeará de lleno en un colectivo que ya padece situación de vulnerabilidad e informalidad y que no tiene responsabilidad alguna por el desmanejo operado en el área hasta el presente”.

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