Piden en Pilar la clausura de una comunidad terapéutica

Luego de una serie de inspecciones para constatar las condiciones de atención y hábitat de las 30 personas internadas allí, desde la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) se elaboró un informe, denominado “Manicomio de la Fundación San Antonio: La Medicación como Castigo”, en el que se exige la clausura de esta comunidad terapéutica, mediante la presentación de un hábeas corpus colectivo elevado ante el Juzgado de Garantías Nº 6 de Pilar. Al respecto, se especificó que el último 6 de febrero, profesionales de Salud Mental comprobaron la existencia de “graves casos de privación de libertad, torturas y tratos degradantes, en clara violación a los derechos humanos de quienes estaban bajo la custodia de esta institución. Por lo tanto, al margen de las denuncias de “estas prácticas violentas”, se pide el cierre del establecimiento y la derivación de los internados a hospitales públicos.

En la solicitud ante la Justicia, desde la CPM se pronunciaron por que “se disponga la clausura inmediata de la comunidad terapéutica San Antonio y se derive a todos los usuarios a hospitales generales a los fines de que se evalúe la existencia de criterios para la internación, se proceda a la investigación de todos los hechos delictivos denunciados y se garantice la confidencialidad e intimidad de los pacientes denunciantes, con el fin de resguardar sus integridades psicofísicas”.

Según los relatos obtenidos en el lugar, se refleja “la sistematicidad de las prácticas de tortura, malos tratos y privaciones ilegítimas de la libertad. Se relevó que todos los usuarios, al momento de su ingreso, son reducidos violentamente, inyectados con un sedante y luego atados a una cama en una de las habitaciones reservada para ese fin. Luego de ello se los amenaza con sufrir nuevamente este circuito tortuoso si incumplen las reglas. Además, las personas entrevistadas y el relevamiento de las historias clínicas, la prescripción de medicación al ingreso de los usuarios no responde a las necesidades fundamentales de las personas con algún tipo de padecimiento mental, ni tampoco se administra con fines terapéuticos”. Y como una muestra de la gravedad de los hechos, se indicó que “muchos refirieron haber sido secuestrados por miembros de la institución a pedidos de sus familias y sin que mediara orden judicial que dispusiera dicha medida”. Por lo tanto, “se constató que no existe un abordaje del sufrimiento psíquico que pudiera haber gravitado como causa de las supuestas conductas a raíz de las cuales se los privó de su libertad dentro de esta institución. Se somete a todos los usuarios por igual a un sistema de reglas arbitrarias cuyo incumplimiento se encuentra asociado a una serie de castigos. Dicho sistema de disciplinamiento es administrado por los propios usuarios, a quienes el personal de San Antonio les delega dicha tarea”, sostiene la CPM.

Las denuncias penales recayeron en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Pilar, que ya tomó intervención en otros dos expedientes por muertes de pacientes en esta comunidad terapéutica, registrados en 2013 y 2015 y cuyos directivos, se presume, fueron investigados, aunque no se tiene conocimiento de resoluciones en su contra. Se trata de los casos de Franco Ruiz Díaz (presuntamente se suicidó en su habitación) y de Matías Lamorte (como consecuencia de un edema pulmonar agudo).

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La granja de rehabilitación San Camilo fue finalmente clausurada en 2017.

Pablo Galfré, periodista, investigador y quien escribió el libro La Comunidad (dedicado a las irregularidades que se registran en las granjas de rehabilitación, haciendo foco en esta dos que funcionaban en el partido de Pilar), manifestó ante la consulta de DIARIO POPULAR que “a Matías Lamorte lo internaron un miércoles de mayo de 2015 y murió cuatro días después. Mientras sus padres, que residen en la ciudad de Mar del Plata, iban a pagar la internación, la Policía llamó a la madre para avisarle que su hijo había muerto. Las últimas palabras de este joven fueron “Me ahogo, me ahogo”, pero ningún profesional para asistirlo, solo dos chicos, compañeros de internación, que se supone habían quedado para cuidarlo”.

Si bien trascendió que ambos centros de rehabilitación pertenecen a los mismos dueños, se supo que no es así, aunque hay algunas profesionales que se desempeñaron en ambos establecimientos. Por ejemplo, el licenciado Alejandro Jacinto fue director terapéutico de la ya cerrada San Camilo y también se desempeñó en la misma función en la Fundación San Antonio.

“Estos hechos se producen en un marco estructural de violaciones de derechos humanos que se vienen relevando tanto en ámbitos de internación públicos, como privados. El incumplimiento de la Ley de Salud Mental vigente y la falta de controles adecuados y auditorias periódicas de parte del Ministerio de Salud provincial, son decisiones que deben ser revertidas con carácter urgente por parte del Estado bonaerense”, se enfatizó.

“Una vez que se logró la clausura de San Camilo, ahora estamos a la espera que durante este años, sus dueños afronten el juicio por la muerte de Saulo Josías Rojas, un joven mendocino, quien falleció tras haber sido encerrado en una celda de castigo. La lucha de su madre por la verdad, más las denuncias que formulamos en su momento, lograron agilizar las causas, aunque todas están en manos del juez Nicolás Ceballos, que debería preguntarse que esta pasando en las comunidades terapéuticas de Pilar, pero parece que se mira para otro lado”, concluyó Galfré.