Más de 3.000 personas participaron este lunes de la cuarta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que arrancó en la puerta del Congreso y finalizó en Plaza de Mayo, con reclamos para poder llevar a la Justicia a los efectivos de distintas fuerzas responsables de estos actos, quienes en muchos casos siguen en funciones.
Esta fue la movilización central, pero simultáneo se llevaron a cabo otras en distintos puntos del país, como en Mar del Plata, Rosario (Santa Fe), Córdoba, Mendoza, Tucumán y San Carlos de Bariloche (Río Negro) entre otros lugares.
Familiares, amigos, vecinos y referentes sociales y políticos participaron de la marcha, que tuvo a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), con su directora María del Carmen Verdú, encabezando la columna principal.
El reclamo fue contra miembros de distintas fuerzas de seguridad, entre ellas Policía Bonaerense, Policía Federal, Policía de la Ciudad y Prefectura Naval, acusados de “gatillo fácil”, y contra el Gobierno Nacional por considerar que hubo casos en los que “no intervinieron”.
De todas maneras, las muertes por estos hechos que familiares reclamaron durante la movilización van desde 1999 hasta la actualidad.
“¡Basta de Gatillo Fácil!”, “¡Ni un pibe ni una piba menos!, ni una bala más!” fueron algunas de las leyendas que acompañaron la protesta, además de las fotos de las víctimas y en algunos casos de sus victimarios.
Tampoco faltaron las imágenes con pedidos de justicia para Santiago Maldonado, quien fue hallado muerto el 17 de octubre del año pasado, luego de permanecer 76 días desaparecido, tras una represión llevada a cabo por Gendarmería Nacional en Cushamen, Chubut.
Pancartas, pintadas, banderas y folletos sirvieron para que cada grupo visibilizara el caso por el cual vienen reclamando que sean enjuiciados los presuntos responsables.
“Vivimos un momento de recrudecimiento de políticas represivas del Estado con un Gobierno que promueve a diario el gatillo fácil como política pública”, sostuvo Verdú durante la movilización.
Además, consideró que “hay promoción explicita, directa, frontal, lineal del gatillo fácil como política pública”.
Al arribar a Plaza de Mayo se llevó a cabo un acto en el cual cada familia expuso su situación en relación al avance o no de la justicia con respecto a los efectivos.
También se hizo hincapié al caso de Cristian “Paragüita” Toledo, asesinado por el bombero Adrián Otero, luego de una discusión de tránsito que derivó en el asesinato del joven, ocurrido en cercanías de la Villa 21-24.
El efectivo intentó hacerlo pasar por un hecho de robo, encasillado en un acto de legítima defensa, pero finalmente las pruebas le jugaron en contra y el próximo 4 de septiembre se iniciará el juicio contra Otero por este crimen.
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