Desde el 3 de abril, aquel polígono que “aislaba” al Microcentro de los vehículos se extendió tres cuadras más. El Gobierno de la Ciudad impulsa en esa zona el uso de bicicletas, el empleo del transporte público de pasajeros, la disminución de contaminación ambiental y sonora, y mayores espacios para los transeúntes. Sin embargo, a un mes de su implementación, los comerciantes rechazan la medida al ver caer las ventas y peligrar su continuidad.
Jorge y Roberto están en la entrada de un estacionamiento que ocupa toda la esquina de Moreno y Tacuarí. Hace treinta días que esas calles ingresaron al área de restricción vehicular. En ese tiempo sus rostros cambiaron. “Parece que van a vender la playa, ya no es negocio. Hace un mes nos bajó el 50% de clientes. Van a ser las once de la mañana y mirá...”, invita Roberto, de 47 años. Y sí: la playa está semivacía. En el espacio que está cerca de la avenida Belgrano, de varias oficinas administrativas y del Hotel Intercontinental Buenos Aires hay capacidad para 250 autos. Pero apenas se contabilizan unos 110. “Y los fines de semana, directamente no hay nadie”, lamenta.
“El dueño ya nos dijo que buscáramos otro trabajo, porque van a cerrar ya. El dueño alquila el lugar, tiene que pagar los sueldos y los impuestos”, sigue Jorge. Para ambos, la implementación gubernamental no es más que “un negocio inmobiliario porque en donde hay un estacionamiento, se puede levantar un edificio”.
En diciembre de 2016, la Legislatura porteña votó prohibir la circulación de rodados de 11 a 16. El área que solamente abarcaba un rectángulo en el Microcentro que se delimitaba por la avenida de Mayo, Córdoba, Alem y Carlos Pellegrini, comenzó a agrandarse a más arterias en el Casco Histórico y parte de Retiro, las que son, a su vez, las únicas por donde sí se puede conducir: Bernardo de Irigoyen, San Martín y Florida, más las avenidas Belgrano, Paseo Colón, La Rábida y Santa Fe. A excepción de la avenida Corrientes, Diagonal Norte y Sur, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, todo lo que está adentro, fue prohibido.
Sin embargo, los únicos que pueden transitar por allí son los de residentes, los colectivos, taxis, remises, ambulancias, transportes escolares, motos de mensajería y delivery. También aquellos que posean un permiso especial entregado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo valor son unos 1.560 pesos anuales, y gratuito para los residentes.
“A nosotros nos sirvió un montón porque tenemos más espacio para caminar. El edificio tiene un estacionamiento chiquito y tramitamos el permiso”, cuenta Estela, que vive en un departamento de dos ambientes en San Martín y Tucumán. “Antes tenías un montón de colectivos, autos, motos… era un lío esto”.
Para Esteban, que es supervisor en un call center de una empresa de seguros, el auto dejó de ser una opción. “Antes era un quilombo lindo venir en auto, pero en una hora estaba en casa (vive en Villa Devoto). Con esto tengo que venir en colectivo y subte y tardo un montón. La semana pasada estuvo de paro el subte así que ahí ya tuve que pagar un taxi”, remarca.
Marcelo, un antiguo mozo de la clásica pizzería Solera, ubicada en Sarmiento al 700, no ve perjudicial el cambio: “Vengo en moto y la dejo en Corrientes. Pero no me perjudica. Hay menos autos y camino más cómodo, se circula mejor”. Pero piensa en los proveedores y advierte: “Y ahí ya no sé si es bueno o malo”.
En diez minutos, en cualquier esquina se puede divisar a un mínimo de tres hombres que desplazan cajones en carros. Para el transporte de alimentos, el Centro ya no es un lugar viable, aunque es donde está el máximo de sus ganancias.
“A nosotros nos complicó. Tengo clientes que están a diez cuadras. Antes ibas y parabas, ibas y parabas. Imaginate si te olvidaste el vuelto o la bolsa de papa está mal: tenés que volver diez cuadras. Ahora, si te vas de un lugar, no lo recuperás más. Estamos todos en la misma”, relata Pablo. Hace 35 años que llega al punto neurálgico de la Ciudad a despachar frutas y verduras a los bares y restaurantes, y en el último mes dice que lucha con los agentes de tránsito. “Recién vinieron a echarme, pero bueno, tengo que laburar”, dice mientras cuida su camión Mercedes oxidado en el cruce de Chacabuco y avenida de Mayo.
De acuerdo a la Secretaría de Transporte, dirigida por Juan José Méndez, las infracciones comenzarán a labrarse el 15 de mayo. “Todo este tiempo fue para ir concientizando a la gente”, detallan. Aún no hay fechas ni confirmaciones sobre la instalación de domos para controlar a los infractores.
“No se hizo el operativo cerrojo todavía, pero para mí no va a servir porque traba más el tránsito. Ya vemos lo que está pasando en Once también, que se están haciendo modificaciones que no sirven”, considera Martina, una oficial de tránsito ubicada en Rivadavia y Maipú.
A pesar de que la peatonalización de algunas arterias generó mayores espacios para la instalación de mesas de los locales gastronómicos en las veredas, la clientela aún no reacciona. Al menos eso sostienen en el Café de mi país (avenida 25 de Mayo al 600). “Bajaron un 30% los clientes y eso para nosotros es mucho porque abrimos de lunes a viernes. Cuesta sostener el negocio. Encima aumentó la luz y el gas”, afirma José Luis, el encargado.
En la misma sintonía está Luciana, de Cooperativa La Robla (Chacabuco 82): “Nos complicó un montón. Encima nosotros somos una cooperativa. Los proveedores y la gente anda a otro ritmo, anda nerviosa, apurada porque no tienen el permiso, no les conviene económicamente o tienen que pagar el garaje”.
La nueva diagramación céntrica generó consecuencias duras en los garajes de toda la zona. Eduardo Sánchez, presidente de la Cámara de Garajes, Estacionamiento y Actividades Afines de la República (CAGESRA), le insiste a POPULAR que “por la medida hay más de 2000 puestos de trabajo en juego”, a un mes de haber comenzado. “Es imposible vivir solamente de los residentes, porque hay varios que tienen cochera. Es imposible. Tienen que entender”, resaltó.
En un intento para atraer autos, en el estacionamiento de Esmeralda y Suipacha pensaron una “publicidad”. “Ofrecemos hacer gratis los trámites para el permiso. Nos dan los datos y lo hacemos. Ya se acercaron varios, pero hay poco trabajo, no es como antes”, señala Gustavo.
El horario de 11 a 16 es parte de una primera etapa. La segunda está planificada para el mes de octubre y sumará a la zona de Tribunales de Talcahuano. El horario, a partir de entonces, será de 9 a 18.
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