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La expresidenta de facto, que permanece detenida desde marzo, es acusada por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del golpe de Estado ocurrido en 2019 en Bolivia y que derrocó al mandatario Evo Morales.
La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) podría recibir la pena máxima de 30 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del golpe de Estado que derrocó al mandatario Evo Morales.
"En relación a las penas, hay que ser claros, se está ante delitos de lesa humanidad, los mismos tienen la máxima sanción. El Estatuto de Roma establece que un hecho como la masacre, las ejecuciones extrajudiciales, merecen 30 años y por la investigación que se tiene y se la califica como autora de los delitos de lesa humanidad, Áñez podría ser pasible a 30 años" de prisión, estimó el canciller Rogelio Mayta.
Ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre la crisis política iniciada en 2019 y calificó de masacres a operaciones militares y policiales ordenadas por el Ejecutivo transitorio de Áñez, que dejaron decenas de civiles muertos y numerosos heridos.
Mayta señaló que ese informe establece de "forma clara" que en Sacaba, Cochabamba y Senkata (El Alto) "se perpetraron ejecuciones extrajudiciales y se cometieron delitos de lesa humanidad, al asesinar a connacionales, realizar un proceso de persecución, detenciones ilegales y torturas por parte del Estado".
Actualmente, Áñez enfrenta otros procesos como el rompimiento constitucional, sedición y violación de la Constitución.
"El de las violaciones de derechos humanos debería ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que autorice el juicio penal por dos tercios de votos", refirió el canciller.
Añadió que "si se da la autorización, se prosigue con la institucionalidad de la justicia" y consideró que "el informe del GIEI va a ser importante en ese proceso para que los parlamentarios puedan valorar la posibilidad de autorizar o no ese juicio contra Áñez", reseñaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.
El GIEI que operó en Bolivia es el tercer grupo de este tipo constituido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), después del que investigó la matanza de estudiantes de Ayotzinapa en México y la violencia política en Nicaragua.
Áñez está detenida desde marzo a la espera de juicio, acusada del golpe de Estado de 2019, en el que el Morales fue forzado a renunciar y ella se proclamó presidenta transitoria.